Los portavoces de la concentración, José Antonio Gómez y Julián Hernández,  han señalado que el motivo de la protesta “es decir basta ya al desmantelamiento de la Justicia”. Afirman que estas reformas que pretende realizar el Gobierno, conllevan la desaparición del juzgado de paz, de la agrupación de partidos judiciales y la desaparición de las audiencias provinciales, así como una movilidad geográfica de funcionarios a gran escala; para los portavoces, “es una privatización de la Justicia”.

Advierten que con la desaparición de las audienciaa provinciales, los casos se derivarían a Valladolid, por lo que la justicia pierde cercanía y se encarece, ya que los salmantinos se tendrán que desplazar a la capital de Castilla y León. “Queremos concienciar a los ciudadanos para que sepan el importante deterioro de la Justicia y el incremento de los costes que implican esta reforma”, señaló.  También, aseguran que la reforma afectará con una reorganización a 12.000 trabajadores en el territorio nacional y en concreto en Salamanca, se verán afectados 300 empleados. 

También han anunciado qeu seguiran con las protestas. En junio, se producirán concentraciones de media hora de duración, de 11:30 a 12:00, a las puertas de los Juzgados los días 11, 19 y 26. Entre julio y agosto se someterá a la opinión de los trabajadores la posibilidad de llevar a cabo huelgas y paros laborales con una mayor duración. De aprobarse, el 25 de septiembre habrá una concentración de media hora pero el 8 de octubre será de tres horas, el 15 de octubre una huelga de cuatro horas por la mañana, al igual que el 23 y 24 de octubre. Concluyendo las protestas con una huelga indefinida a partir del 5 de noviembre.

"El minsitro Gallardón está embarcado en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los ciudadanos", denuncian los representantes sindicales de los trabajadores. Así, se están negando los medios necesarios para desarrollar una correcta labor en los Juzgados, además de suprimirse los procesos de movilidad voluntaria, de oposiciones y el derecho a la promoción y la carrera profesional.


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