El abogado madrileño Eduardo Ranz continúa sus acciones legales para proceder a la retirada de símbolos de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Así, ha ampliado los derechos de petición planteados a un total de 167 municipios de Castilla y León para que cumplan lo establecido en la Ley de Memoria Histórica. Treinta y siete pertenecen a la provincia de Salamanca.

En concreto, se trata de Ahigal de los Aceiteros, Aldealengua, Aldeaseca de Alba, Barruecopardo, Cabrillas, Calzada de Valdunciel, Casillas de Flores, Castillejo de Martín Viejo, Cipérez, Colmenar de Montemayor, Espadaña, Forfoleda, Frades de la Sierra, Galisancho, Garcihernández, Gomecello, La Atalaya, La Fregeneda, La Redonda, La Vellés, Montejo, Navamorales, Pedrosillo de Alba, Puebla de Azaba, Rollán, San Muñoz, San Pelayo de Guareña, Salamanca, Sanchón de la Ribera, Sando, Serradilla del Llano, Villar de Argañán, Villar de Ciervo, Villares de la Reina, Villasbuenas y Villaseco de los Reyes.

También está incluido en la lista Calvarrasa de Abajo, pero su alcalde ha probado que los nombres franquistas de las calles ya han sido eliminados desde hace meses, siendo sustituidas por carretera de Madrid, Agricultores y Amatos del Río, como así certifica el Ayuntamiento judicialmente.

Estos ayuntamientos tienen tres meses para cumplir con lo solicitado en el derecho de petición. De no ser así, el abogado procederá a la interposición de la demanda contencioso-administrativa, como ya ha hecho con Fuentes de Oñoro. Por un lado, deben realizar el catálogo de vestigios franquistas, para, a continuación, proceder a su total retirada inmediata. Destacan los nombres de calles como José Antonio, Generalísimo, Salas Pombo o Queipo de Llano, escudos preconstitucionales en fachadas de ayuntamientos o edificios municipales.

Águeda del Caudillo se quedó sin apellido

Los municipios que podrían ser demandados deben seguir los pasos de Águeda, pedanía de Ciudad Rodrigo que a comienzos de año eliminó el apellido ?del Caudillo?, además de los nombres de las calles Generalísimo y José Antonio.

Tras la amenaza de denuncia por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la Junta Vecinal se reunió con celeridad y adoptó la decisión de acortar el nombre de esta pedanía mirobrigense creada por el dictador franco.

 

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