El Tribunal Constitucional admitió a trámite el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -Sala de Valladolid- que acordó en su día por unanimidad elevar cuestión de constitucionalidad sobre la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 al personal de la Junta.
 
Cabe recordar que en el auto que el pasado mes de mayo el TSJCyL elevó al Tribunal Constitucional sobre la supresión de la extra a los funcionarios autonómicos se argumentaba que una parte de esa gratificación ya se había generado y debería pagarse, y que la decisión del Gobierno central (Real Decreto de julio de 2012) podría suponer una “expropiación de derechos económicos no abonados pero sí incorporados ya al patrimonio de los trabajadores por devengados”. Casi una veintena de organizaciones sindicales y empleados públicos de Castilla y León pidieron a la Junta de Castilla y León que se abonasen las retribuciones planteando la inconstitucionalidad de su supresión.
 

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