El secretario de Administración Autonómica de la FSP-UGT, José Miguel García, denuncia que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha comunicado el despido o la no renovación a entre 150 y 170 trabajadores de ese departamento. Aunque podría darse el caso de algunos de los trabajadores afectados vayan a ser trasladados a otra Consejería, a día de hoy UGT no tiene constancia de que nadie haya recibido el preaviso pertinente, si bien al anunciar el cese de la actividad cada afectado ha recibido una notificación diferente, que en algunos contempla indemnización y en otros no.
Entre los afectados, hay contratos en vigor desde 2001, si bien el grueso está fechado en 2003 y la duración media es de siete años. Además, resaltó que “en muchos casos hay una disfunción entre el contrato y las prestaciones reales que estaban ejerciendo, por lo cual podríamos encontrarnos ante un fraude de ley”.
Respuesta de la Junta
La Junta de Castilla y León pide que no se confunda el preaviso de fin de contrato a 500 empleados públicos, obligado por la normativa, con la no prórroga de los mismos, que afecta a 119 de ellos, debido a que ha terminado el servicio u obra para el que fueron contratados.
Así lo explicó el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para aclarar las dudas surgidas por la denuncia de CCOO, que habla de 500 afectados por ese sistema de contratación.
En los 119 que no se prorrogan, están algunos de la Oficina de Vivienda y otros relacionados con la puesta en marcha del servicio de la renta garantizada de ciudadanía, personas contratadas para la puesta en marcha de nuevos programas u obras y vinculados a la conclusión de los mismos.
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