La Consejería de Sanidad ha creado las primeras Unidades de Gestión Clínica, en el Área de Salud de Salamanca en Cardiología y en Cirugía Torácica. Las primeras reacciones de rechazo llegan desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), que las considera ?una vil maniobra para privatizar la sanidad, que los jerifaltes y los políticos sigan sacando tajada aprovechando que los jefes de las unidades pueden hacer y deshacer a su antojo?, afirma el delegado sindical Alberto Molina.

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca, como máximo órgano de representación de los trabajadores, manifiesta su oposición a la implantación de las Unidades de Gestión Clínica, además de denunciar la incertidumbre que provoca en los trabajadores de la sanidad pública "una legislación que atenta y pone en duda sus derechos laborales". También manifiesta su oposición a una rebaja en los estándares de calidad de la asistencia "en aras de un enriquecimiento de los gestores", y su oposición a la privatización de la gestión de los servicios públicos de salud.

"Creemos que el modelo de las Unidades de Gestión Clínica es una vía de ruptura con los marcos actuales de gestión y provisión de servicios sanitarios, abriendo la puerta a la privatización a la vez que implica una ruptura de los marcos laborales y de negociación y participación sindical, quedando los trabajadores en una situación de desprotección llamativa", afirma.

Y añade que "se da por hecho que disminuye la calidad de la asistencia, ya que según se plasma en el Decreto en ningún caso, su creación supondrá incremento de puestos de trabajo. Esto significa que aunque aumente la carga asistencial no aumentarán los profesionales por lo que queda constatado que la calidad asistencial no se considera importante".

A juicio de la junta de personal, son muchas las incertidumbres que se plantean. Así, pregunta "¿qué va a pasar con los profesionales sanitarios que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica? No se sabe si se quedarán allí, ya que el Decreto lo plantea como una decisión voluntaria, o se les obligará indirectamente a irse a otras unidades y más teniendo en cuenta la vulnerabilidad laboral del elevado número de interinos existente. ¿Qué importancia va a tener la calidad asistencial cuando tengo que gastar cada vez menos? ¿Habrá una selección de pacientes o selección de  medidas diagnosticas o de tratamientos que lleven a una mayor rentabilidad de la Unidad?".

"El ahorro y el no aumento en el personal de la unidad, no contemplado en ningún caso,  nos hace pensar que claramente este modelo de gestión va en detrimento de  la calidad que se presta a los pacientes. No hay cabida a más experimentos porque experiencias piloto que ya se han llevado a cabo, avalan que estas Unidades de Gestión sólo empeoran las condiciones laborales de los profesionales y abren la puerta a la privatización".

Pérdida de derechos laborales

Por su parte, CSI-F considera que esta nueva fórmula de gestionar la sanidad ?lo único que pretende es un ahorro económico a costa de pérdida de derechos de los profesionales sanitarios, en detrimento de la calidad asistencial prestada a los usuarios y con la posibilidad de contratar servicios externos, es decir, privatización de servicios y menos contrataciones?.

Cada Unidad de Gestión Clínica creada por la presente orden comenzará su funcionamiento una vez que se haya designado al director o directora y, en su caso, al coordinador de enfermería y a los responsables de las Unidades Funcionales y se haya constituido el Comité Clínico. La actividad y los resultados serán evaluados al finalizar cada ejercicio anual y al completar el período de funcionamiento de cuatro años. Así, determinarán la continuidad, modificación o supresión de la correspondiente Unidad de Gestión Clínica.

Los profesionales que opten por formar parte de las Unidades de Gestión Clínica constituidas al amparo de la presente norma formalizarán su participación en la Unidad de Gestión Clínica correspondiente, ante la Gerencia del centro o institución sanitaria en el plazo de quince días a contar desde la entrada en vigor de la presente orden. A los profesionales que no formen parte continuarán desempeñando su puesto de trabajo bajo el régimen de organización y dependencia funcional actual.

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