A su juicio, esto provocará que alumnos de poblaciones separadas entre 40 y 120 kilómetros, con carreteras de montaña peligrosas, sobre todo en invierno, deban desplazarse de una localidad a otra. Y todo ello argumentando que en los centros rurales recibirían menos horas de clase de lo estipulado. Es decir, la excusa es mejorar la calidad educativa.
Para Serrano, estas medidas, al contrario de lo que “vende” la Junta, van a tener como consecuencia una disminución de la calidad del sistema educativo. En primer lugar, ha considerado que “no es de recibo que alumnos de 12 años, por culpa de una ratio mínima de diez alumnos por curso, deban vivir toda la semana en una población que no es la suya, lejos de su ambiente familiar y de su entorno.
A esas edades, todavía siguen siendo niños de muy corta edad, lo que les generará mayor tensión y estrés, afectando esto a su rendimiento académico”. En segundo lugar, ha añadido que “se saturarán los IES y se producirá paulatinamente una despoblación de las zonas rurales”. "Si las necesidades educativas curriculares exigen mayor número de horas, la gestión de la administración debe ser lo suficientemente sensible como para suplir esas deficiencias, recortando de otras muchas partidas prescindibles que equilibrasen las cuentas". Tal como ha señalado Cristina Serrano, la Administración regional, si bien tiene que aplicar criterios de eficacia en la gestión, también tiene que evitar mayores perjuicios para el ciudadano. La población rural ya cuenta de por sí con suficientes dificultades como para agravarlas con medidas de este tipo.
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