Unión Progreso y Democracia en Castilla y León lamenta la vaguedad de las medidas que propone el Gobierno regional en relación al proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto que se aprobará para el verano y que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno de la Junta.

La formación magenta considera que algunas de las propuestas que enumeró ayer el consejero carecen de la solidez suficiente para evitar malas prácticas dentro de la política. En concreto, la presentación de la declaración de bienes y patrimonio por parte de los representantes públicos no ofrece información sobre las operaciones ilegales, ya que el dinero que se envía a un paraíso fiscal o que se ha obtenido de manera ilícita no se incluye en ellas. La prueba más clara se puede ver en las impolutas declaraciones del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

En opinión de UPyD, es necesario ahondar en propuestas como la extensión del control de los bienes y patrimonio de los cargos políticos hasta al menos diez años después de abandonar la responsabilidad; o la puesta en marcha de comisiones de investigación de oficio sin acuerdo previo entre las partes cuando existan sospechas de este tipo de acciones.

El responsable de la Gestora de UPyD en Castilla y León, Rafael Delgado Botello, alaba las buenas intenciones de la Junta, pero califica este proyecto de Ley de “cortina de humo, ya que se ofrece como una aparente solución al problema, cuando no entra en el fondo de la cuestión”. Delgado Botello explica que “la actual situación precisa de medidas más contundentes que la simple presentación de una declaración” y que el fin de estas comisiones  ‘de oficio’ “no es promover cazas de brujas, sino evitar males mayores”. 

Por otra parte, este partido presenta en toda España el Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado que parte de seis puntos fundamentales para salir de esta espiral de casos de corrupción, malas prácticas políticas y desánimo general: 1) la aprobación inmediata de leyes eficaces contra la corrupción; 2) reforzar la independencia y la autoridad sancionadora de los organismos reguladores de control público (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria y Banco de España); 3) aprobar una Ley de Transparencia que incluya a la Casa Real, los partidos políticos, sindicatos y cualquier institución que reciba ayudas públicas; 4) implantar una auténtica justicia independiente; 5) aprobar una Ley Electoral justa y proporcional, y 6) reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo competencial del Estado.

Asimismo, la formación magenta pide un pacto de legislatura entre los principales partidos de la Cámara Baja para aprobar por vía de urgencia estas reformas para, acto seguido, convocar elecciones generales para abrir un nuevo período constituyente que ponga a la democracia española a la altura de los retos y necesidades del siglo XXI.

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