Para UPyD, la lucha por la erradicación de la violencia sobre las mujeres se enmarca en la universalidad de los Derechos Humanos y tiene como algunos de sus objetivos esenciales: promover la igualdad entre mujeres y hombres, prestando especial atención a la educación y a los medios de comunicación (públicos en especial); obtener datos e indicadores objetivos; crear estrategias eficaces y coordinadas en todos los ámbitos políticos; castigar los actos de violencia y favorecer el acceso de las víctimas a la justicia.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género suscitó grandes esperanzas entre los partidos políticos y las asociaciones de mujeres para erradicar los asesinatos o al menos tratar de reducirlos. Tuvo la virtud de intentar llevar a cabo un enfoque integral del problema (atención policial, judicial, apoyos sociales, etc.) y durante estos años ha contado con cuantiosos recursos que no no siempre han sido bien utilizados e incluso despilfarrados en crear desde las distintas administraciones públicas múltiples comisiones u órganos de control, asesoramiento o intervención con funciones duplicadas, concurrentes e incluso contradictorias lo que ha favorecido la victimización secundaria. “Urge suprimir y aunar las diferentes comisiones, órganos, observatorios, etc. no sólo como criterio económico sino, fundamentalmente, como objetivo de eficacia en la protección integral a las victimas” has señalado el Sánchez Montesinos.
Pero también la Ley presenta déficits democráticos que el paso del tiempo ha agravado la limitación a considerar violencia de género solo la ejercida por el compañero íntimo o ex-compañero, dejando fuera otros graves ejemplos de violencia sobre las mujeres y las niñas como la trata de personas con fines de explotación sexual; la tipificación penal como delitos algunas faltas leves, llevando a la cárcel a miles de hombres por ello, convirtiendo la misma norma un factor criminógeno más; la asimetría penal entre hombres o mujeres a la hora de castigar la violencia por el mismo delito, minusvalorando la violencia si es ejercida por mujeres; existencia de algunas denuncias falsas para conseguir compensaciones en situaciones de divorcio o custodia; la exclusión de gays y lesbianas que sufran situaciones de la violencia de las medidas de protección previstas.
El coordinar territorial de UPyD en Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, explica que “no tiene que haber diferencias en la lucha por la igualdad” y que “hombres y mujeres están llamados a ser actores de cambio contra la violencia de género”. Sánchez Montesinos recuerda que “si queremos acabar con esta lacra debemos emplearnos a fondo en lograr un amplio consenso para corregir las deficiencias de la norma que, lejos de solucionar el problema, han generado otros”. “Es urgente que el número de victimas no siga creciendo”, concluye.
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