Las víctimas de violencia de género de Castilla y León dispondrán de un completo plan de seguridad individualizado y coordinado entre Servicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad del Estado para minimizar o eliminar los riesgos de las víctimas y de los menores o mayores dependientes de ellas. Así lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. Se trata de una de las conclusiones extraídas en dos de los cinco grupos de trabajo creados para diseñar el modelo 'Objetivo Violencia Cero', concretamente el que está estudiado en el modelo de intervención con las víctimas y el que aborda la coordinación y trabajo en red.
Una vez que se ha avanzado para que los profesionales de los Servicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad del Estado compartan información y el mismo modelo de valoración de riesgo, llega el momento de dar un paso más en aquellos casos en los que la valoración del nivel de riesgo sea alto o extremo para la víctima. Así, se estudiará crear equipos de seguridad para la atención de estos casos, con independencia de que exista o no denuncia, ni orden de protección, en los que participarían profesionales de los Servicios Sociales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La puesta en marcha del primer equipo de seguridad se podría pilotar en una provincia de Castilla y León.
Tres son las claves de este modelo. Por un lado, prestar una atención integral a cada víctima. Y, para ello, se elaborará un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida. Esta ayuda se prestará de forma ?invisible? para preservar la seguridad.
Por otro lado, la Junta se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Se trata de abandonar el modelo de espera, más centrado en actuar a partir de la denuncia, e incidir en la detección de las situaciones de maltrato, ya sea desde los servicios sanitarios, educativos o sociales, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer.
Y, para lograr este objetivo violencia cero, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. En definitiva, un sistema integrado de apoyo a las víctimas para ofrecer a la mujer una respuesta única y coordinada.
Convenios de colaboración
Desde el pasado mes de julio, la consejera ha suscrito cinco convenios de colaboración -Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Fiscalía General de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que permitirán abrir el Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León a profesionales de otras instituciones para integrar y compartir información sobre la historia social de las víctimas, aportada por los Servicios Sociales, y datos relevantes que disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, los fiscales y los profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género.
Así, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, fiscales y profesionales de corporaciones locales de Castilla y León tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ella dependan, de su situación y de su entorno, recogida en el Registro Unificado de Violencia de Género. Y, además, contarán con información del abanico de recursos que existen en Castilla y León, enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', entre ellos asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico o la red de atención a las mujeres víctimas de violencia repartida por toda la Comunidad.
El hecho de conocer datos de la historia social de la mujer, de sus hijos, y sus circunstancias, así como de los recursos de los que dispone la Comunidad para atender a un víctima, facilitará a la policía, a los jueces, a los fiscales de Castilla y León y a los profesionales de las corporaciones locales contar con un plus de información básica a la hora de adoptar medidas y tomar decisiones que redunden en una protección más eficaz de la víctima, ya sea para mejorar la seguridad de las víctimas, la adopción de medidas judiciales o a ajustar la propuesta de orden de protección a la situación concreta de las víctimas, sobre todo en las medidas de carácter civil relacionadas con sus hijos.
Los jueces, por su parte, aportarán a los profesionales de los Servicios Sociales información en tiempo real de las órdenes de protección que se dicten en la Comunidad y de las sentencias emitidas tras la denuncia. El conocimiento de la situación judicial de las víctimas multiplicará las posibilidades de estos profesionales de ofrecer una atención inmediata a la víctima. Y es que, desde el mismo momento en que se adopte la orden, los profesionales de los Servicios Sociales podrán contactar con la mujer para ofrecerle los recursos más adecuados a su situación sin que exista lo que se denominan ?periodos de sombra?. Los fiscales compartirán información sobre los casos judicializados de violencia de género, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a la víctima.
Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional
Actualmente existen 110 SAF distribuidos en toda España, con más de 800 agentes, y 173 UPAP con unos 600 agentes especializados en prevención, asistencia y protección, sensibilizados para ofrecer una respuesta a esta problemática y entrenados en habilidades para un correcto asesoramiento y trato a las víctimas. Con estas nuevas medidas, los Servicios de Atención a la Familia se extenderán a todas las Comisarías Locales de la Policía Nacional, lo que supone un incremento de 63 nuevos SAF.
Entre otras acciones, se crearán Servicios de Atención a la Familia en todas las Comisarías Locales de la Policía Nacional, en total 63 nuevos SAF en toda España; se diseña una nueva Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que permitirá una atención integral, continua y especializada a la víctima desde el primer momento que se persone en una comisaría, y se crea la figura del Coordinador Nacional de Seguimiento y Control de la Violencia Doméstica, de Género y Sexual, que unifica la dirección de las actividades contra esta lacra y permite un tratamiento policial integral.
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