Pese a que los últimos datos indican que los actos de violencia contra profesionales sanitarios por parte de pacientes o familiares tienden a descender, el sindicato médico CESM recuerda que este problema no ha perdido vigencia e importancia, como pone de relieve el hecho de que, según estimaciones fiables, hasta el 50% de facultativos habría recibido amenazas alguna vez en su puesto de trabajo.
Además, alrededor de uno de cada tres médicos agredidos confiesa que no ha denunciado el caso, por lo que la cifra de actos constatados, que se siguen contando por centenares en todo el territorio nacional, no refleja fielmente la situación.
Por eso, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se suma este miércoles al ?Día Nacional contra las Agresiones Sanitarias?, instando específicamente a que se denuncie cualquier acto o amenaza física o verbal.
Entre los motivos que desencadenan actitudes violentas hacia los médicos figuran la masificación en las consultas, las listas de espera diagnósticas, la comunicación de malas noticias, la difícil situación que se vive en urgencias y las salas de espera donde se reúnen familiares. Curiosamente la actitud hostil e incluso la agresión se produce más a menudo cuantas más personas haya alrededor.
Tolerancia cero y prevención
Además de pedir tolerancia cero con respecto a ello, CESM considera necesario apostar decididamente por la prevención, lo que implica, como primera medida, analizar la seguridad de los centros sanitarios, registrar y documentar las agresiones elaborar mapas de riesgo y denunciar las deficiencias organizativas y de seguridad.
Otras medidas básicas son adecuar las plantillas y recursos a las necesidades reales de la población y exigir el establecimiento de la normativa legal precisa que obligue al desarrollo e implantación de planes de prevención contra agresiones en todos los centros e instituciones sanitarias.
La Confederación pide también que las distintas administraciones públicas dispongan el asesoramiento legal, la defensa jurídica por expertos penalistas y la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores. También contempla la contratación de un seguro que cubra los daños que puedan sufrir los facultativos por agresiones derivadas del desempeño de sus funciones.
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