La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) considera que este anuncio es positivo pero sin ninguna concreción, por lo que reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para determinar los criterios de esta eventual devolución, junto a las organizaciones sindicales. Como sindicato más representativo, pide al Gobierno que comience a devolver, sin mayor dilación, los días devengados cuando entró en vigor el decreto de ajuste, en línea con los diferentes pronunciamientos judiciales que se están produciendo en el conjunto del Estado.
De hecho, este mismo mes las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Canarias comenzarán a devolver esta parte de la extra a sus empleados públicos, lo que deja en una situación claramente discriminatoria a los empleados del resto del las Administraciones. Esta misma semana se han admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la retirada de la extra, planteadas por parte del Juzgado de lo Social número 5 deSanta Cruz de Tenerife y por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y el Tribunal Constitucional tiene ya encima de la mesa cerca de una docena de cuestiones procedentes de diferentes instancias.
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