Los tractores que hasta ahora pasaban anualmente sin ningún problema la ITV, se encuentran con que ahora se les exige un certificado de seguridad emitido por el fabricante en relación a su cabina ante el cambio de la norma. Ello supone otro problema más para los agricultores y ganaderos que, a pesar de contar con sus tractores en perfectas condiciones, necesitan ahora de esta documentación para poder contar con todos los trámites legales en circulación. En la provincia de Salamanca aún trabajan muchos tractores que acumulan cierta antigüedad, “que se ven afectados por esa norma y que de no poseer la documentación tendrían que dejar de utilizarse”, dicen desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril. Por ello, y por ser tiempo de inicio de las labores del campo y del uso más que obligatorio de los tractores, desde la 19 de Abril piden que se sea más flexible con este problema. Por lo menos, los asociados, reclaman un tiempo razonable para la obtención de la documentación que obliga la nueva normativa, de ahora dos meses.
 
Sin embargo, todavía hay preocupación y enfado en los profesionales del campo. Son los propios agricultores y ganaderos los que deberán costear la adaptación de las cabinas de los tractores que no cumplan con este requisito. Pagos a las casas comerciales, ingenieros o fábricas que oscilan entre los 150 y 600 euros para así poner el vehículo en regla y salir a trabajar. Pero ahí no acaba la cosa porque al parecer, y según la 19 de Abril, las casas de compra de tractores están emitiendo un certificado que luego la ITV no da por válido para acreditar la homologación de la cabina.
 
Por último, la Asociación de Ganaderos 19 de Abril considera que el agricultor y el ganadero siguen siendo los grandes perjudicados. “La situación creada nos parece totalmente inaceptable. La mayoría de los tractores que no superan la ITV no han sido modificados ni reformados, sino que fueron comprados tal cuál cuando ya existía la norma, por lo que no debería aplicarse con carácter retroactivo ahora, ni considerarse como defecto grave un componente o equipamiento del tractor que hasta la fecha no entrañaba ningún riesgo. De mantenerse las exigencias, deberían ser las casas comerciales las responsables de los vehículos que vendieron y realizar la legalización sin coste alguno para los propietarios. Es vergonzoso que una vez más sea el ganadero el perjudicado de una situación que él no ha originado, que algunas Organizaciones han consentido, que le supondrá quebraderos de cabeza, originará costes y de la que otros se lucrarán. Si la Administración no se pronuncia y no toma medidas, el estudio de idoneidad se mantendrá como obligatorio para todos aquellos tractores con informe desfavorable en la inspección técnica para poder seguir en circulación”.

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