Así lo aseguró la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en un comunicado en el que considera que este recorte supondría la “prestación de servicios de menor calidad en el medio rural” y, en particular, a los agricultores y ganaderos “que realizan la actividad agraria en el ámbito territorial de las unidades que se proponen cerrar”. Todo ello, después de que el secretario general de la Consejería, Juan Zapatero, informara a las opas el 28 de febrero de este plan.
Tras analizar la propuesta en los órganos internos de la organización, con los profesionales del sector afectados y responsables políticos de los núcleos de población a los que prestan servicio los centros administrativos, UCCL ha trasladado a la Consejería un escrito en el que rechaza el documento “por la dotación de éstos y el resto de centros de los medios materiales y humanos suficientes, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio a los agricultores”. Sin embargo, la organización reconoce que, “con información objetiva, alguno de los cierres pudiera estar justificado”.
Entre los argumentos que esgrime para el mantenimiento de las oficinas, destaca que “el alto grado de burocracia que soporta el sector por la cantidad de trámites administrativos “se agravaría aún más si el cierre de los centros administrativos se llevase a cabo, ya que la distancia entre la unidad veterinaria y la ubicación de la explotación se ampliaría.
No obstante, la organización apoya el inicio de un proceso de análisis y debate sobre ello, para lo que resulta “imprescindible” contar con la información necesaria para “posibilitar la adopción de una posición objetiva y ajustada a la realidad del sector agrario y del medio rural”.
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