La `Alianza por la Unidad del Campo´,  que forman las organizaciones UPA y COAG, denuncian que la falta de pago de la Junta de Castilla y León está provocando situaciones límite a los profesionales que afrontaron en su día un plan de modernización en sus explotaciones.

Según hemos podido constatar ambas organizaciones agrarias, los ganaderos de leche de ovino, caprino y vacuno de Castilla y León son los que más riesgo corren de que les intervengan las entidades bancarias al no poder hacer frente a los préstamos contraídos como consecuencia de la falta de pago por parte del Gobierno regional.

La situación es tan delicada que muchos profesionales están al límite al no haberse hecho efectivas las ayudas comprometidas por parte de la Junta de Castilla y León una vez que ya han realizado importantes inversiones en su explotación.

El problema es de tal magnitud que los jóvenes incorporados en los dos últimos años al faltarles esos fondos que deberían haber recibido se encuentran con la actuación de bancos y cajas manteniéndoles el crédito cerrado, y sin ninguna intención de renovarlos la financiación para que puedan afrontar los altos costes de producción.                                                                                 

UPA y COAG exigen máxima celeridad al Gobierno regional para que abone al sector todo lo que está pendiente, puesto que además existe un preocupante retraso de los pagos correspondientes a las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PRD), ya que las medidas que se recogen en dicho plan  están cofinanciadas por Bruselas y si no paga la Junta tampoco lo hace Europa.

Estamos hablando de pagos prioritarios para los profesionales del sector, ya que se refieren por ejemplo a los programas de ayudas agroambientales, indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas y de montaña, razas autóctonas con peligro de extinción, superficies forrajeras, agricultura y ganadería ecológica, alfalfa ecotipo `Tierra de Campos´ o girasol de secano, entre otros.

LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO  recuerda que estas ayudas cofinanciadas alcanzan los 67 millones de euros, de los que el 42 % (28 millones) corresponden a presupuesto de la Unión Europea, 19,5 millones al Ministerio de Medio Rural y 19,5 millones a la Junta de Castilla y León.

Por otro lado recordamos que los pagos de la PAC son transferencias finalistas, y no cofinanciadas, con cargo al presupuesto de la Unión Europea, por lo que la prontitud del pago solo se debe a la gestión que desarrollen las comunidades autónomas.   

UPA y COAG solicitan al Gobierno regional que hagan efectivos los pagos comprometidos, y hasta la fecha debidos, antes de finalizar el año para evitar que muchos profesionales activos se vean en la ruina y sean expulsados del sector, con el problema añadido de despoblación y degradación del territorio que conllevaría su abandono a nivel económico, social y medioambiental para el medio rural castellano y leonés.   

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