El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, Jesús Julio Carnero, ha asistido este viernes, en Madrid, al I Congreso Jurídico del sector agroalimentario, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En su exposición, el consejero ha incidido en la gran preocupación de la situación de perturbación de mercados que está padeciendo estos días el sector agrario en general, derivado de la invasión rusa de Ucrania.
Como ya dejó claro en la Conferencia Sectorial, Castilla y León sostiene la idea de que es necesario que la Unión Europea permita a corto plazo que los estados miembros puedan incrementar la producción de cereales y proteaginosas. En este sentido, Carnero ha recordado que “es momento de que el Gobierno solicite a la UE mayor flexibilidad para poder destinar las superficies de barbecho o superficies de interés ecológico a la producción de proteaginosas o de cereales y a pastoreo, así como que se hagan excepciones en la rotación y diversificación de cultivos”.
Además, el consejero en funciones ha manifestado que “desde la Junta de Castilla y León también hemos propuesto que se adopten medidas para flexibilizar la entrada de materias primas, sobre todo para alimentación animal, con el fin de que el sector agrario cuente con los suministros necesarios para llevar a cabo su actividad”.
En ese ámbito, lo que se pretende es que se facilite la entrada en España de maíz de Argentina, Brasil o Estados Unidos, con la consiguiente flexibilización temporal de los requisitos fitosanitarios para la importación, así como flexibilizar los límites máximos de materias activas en los contingentes que accedan a los mercados europeos de países terceros.
A su vez, Carnero ha recordado que otra medida a tener en cuenta, de cara a la próxima campaña, sería el incremento del porcentaje de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común.
Sostenibilidad medioambiental unida a la sostenibilidad alimentaria
El consejero también ha indicado que “ante esta situación de continua escalada de precios en los costes de producción, dificultad para obtener materias primas básicas indispensables para la alimentación de la ganadería y la sequía que se prevé para los próximos meses, es necesario que se equilibren las políticas de sostenibilidad medioambiental que limitan nuestra capacidad productiva con la sostenibilidad alimentaria, imprescindible para que el consumidor final no se encuentre ante un desabastecimiento de alimentos básicos que pongan en jaque la dieta de las familias”.
Y para que esa soberanía alimentaria llegue a término, es inexcusable que se produzca una recuperación de la capacidad productiva. La filosofía de la nueva PAC (2023-2027) trae consigo un cambio de modelo que no garantiza la ‘sostenibilidad al completo’. Las exigencias medioambientalistas no aseguran ni una adecuada sostenibilidad social ni tampoco económica en cuanto a la compensación que tendrán que percibir los agricultores y ganaderos por su trabajo.
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