“No creo que la nueva PAC beneficie a las grandes superficies ni mucho menos”. Así de tajante se mostró la Consejera de Agricultura, Silvia Clemente, para la que las condiciones de la nueva Política Agraria Comunitaria, lejos de marcar diferencias “aporta estabilidad al sector agrario”. En el periodo 2014-2020, añadió, "llegarán a Castilla y León unos 7.500 millones de euros, lo que supone un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganadores".
A juicio de la consejera el hecho que ratifica que no solo los grandes latifundistas se verán beneficiados es la nueva exigencia de poner por vez primera en marcha una lista de todos los que no pueden percibir la PAC si no tienen relación con la agricultura, “algo largamente demandado”.
Además, se ha introducido por primera vez el requisito, “gracias a la exigencia de Castilla y León”, que los que perciben ayudas de la PAC acrediten que al menos un 20% de sus rentas proceden de la actividad agraria. “Nos hubiera gustado que fuera un 50%”, desveló la titular regional de Agricultura.
A todo eso hay que añadir que nubo un tiempo, recordó la consejera, en el que incluso el capítulo económico de la PAC “podía haberse reducido a la mínima expresión y eso provocó tensiones fuertes en Europa pues había países que prácticamente apostaban por la desaparición de esas partidas”. La labor de España y Francia logró revertir esa tendencia hasta lograr mantener las aportaciones “en unos niveles bastante razonables”.
De igual modo, la consejera señaló que Castilla y León ha logrado evitar “lo que podía haber sido una tarifa plana a la baja”, una situación que hubiera generado un gran problema pues la Comunidad “tiene las superficies medias más altas por lo que recibe los pagos únicos más altos de España”.
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