Castilla y León ha perdido cada día, en lo que va de año, un agricultor y ganadero a título principal, también conocido como ATP, cotizante a la Seguridad Social, hasta situarse en los 42.119 profesionales en octubre según informó la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), “lo que pone de manifiesto la tremenda crisis silenciosa que arrastra este colectivo en los últimos ejercicios”. Igualmente, desde enero de 2008, en apenas seis años, 7.705 profesionales agrarios han dejado de cotizar en la Comunidad por la actividad agraria, lo que significa una disminución de cotizantes superior al 15%, con una media de activos de 1.200 año y de casi cuatro por día. De los 7.705, la mayor sangría se ha registrado en León, con 2.254 menos; seguida de Burgos y Zamora, con 1.124 y 1.095 menos, respectivamente en estos seis años.
Situaciones como ésta, denunció la organización agraria, están provocadas por las distintas administraciones públicas, a las que UCCL demandó “políticas eficaces en defensa de un sector que está soportando como el que más una tremenda crisis que puede conducir a que el medio rural de esta región se acabe convirtiendo en un auténtico desierto”. “Es necesario que comiencen a tomarse en serio algo que no han hecho hasta la fecha, la dramática situación que se vive en el sector agrario regional desde hace años”, sostiene la opa en un comunicado. A su juicio, el Ministerio de Agricultura y la Junta deben llevar a cabo una “verdadera política agraria” a favor de los ATPs para recuperar la renta de los profesionales, pues “no es suficiente con la gestión de los fondos comunitarios”.
En este sentido, la organización apostó por controlar las “desproporcionadas” subidas que se producen en los factores de producción como el gasóleo, abonos, piensos y electricidad, “medidas que deben ir unidas a otras que corrijan los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y destino vinculando, además, la concesión de ayudas a las industrias agroalimentarias a que éstas se abastezcan de materia prima existente en Castilla y León a precio justo”. UCCL también reclamó adoptar decisiones “importantes” sobre la reforma de la PAC para que los agricultores a título principal “tengan un tratamiento diferenciado en positivo cuando se proceda al reparto de los fondos comunitarios”.
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