Bajo esta medida, según la organización agraria, se esconde una intención de privatización de la sanidad animal “obligando al titular de la explotación ganadera a realizar una vacunación obligatoria a través de un veterinario privado”. Creen que lo necesario es la realización de una política de saneamiento que posea una forma justificada.
Por todo ello, en el caso de que el Ministerio de Agricultura considere necesario implantar un programa de prevención frente a la lengua azul “deberá ser la Administración la que se responsabilice de la vacunación de los animales como ha venido haciendo en años anteriores”.
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