La Junta de Castilla y León indemnizará a nueve ganaderos de la provincia de Salamanca por los daños sufridos a causa del ataque de lobos en sus explotaciones. Así lo desveló este martes el secretario provincial de UPA en Ávila, Ignacio Senovilla, quien se felicitó por la llegada de unas compensaciones que calificó de “muy importantes” por cuanto que la mayoría de los afectados no disponían de seguro para afrontar los daños derivados de esos ataques.  

Senovilla explicó que la Junta ha comenzado ya a mandar a los afectados las cartas en las que les explican que, una vez tramitados los expedientes, autorizan el pago de las indemnizaciones. Aunque no se conoce la cifra exacta que desembolsará la Administración regional se calcula que podría rondar los 625 euros de media para cada uno de los 88 afectados en toda la región. Ávila, con 72, es la provincia más beneficiada.

A juicio del responsable de UPA, el bajo número de denuncias en provincias como Salamanca donde ni siquiera llega a la decena pese a que se computan muchos más ataques se debe a que entre los propios ganaderos “había cierto escepticismo a poder llegar a cobrar e incluso desde la propia Junta no se les daban muchas esperanzas por lo que ni se molestaban en rellenar el impreso de denuncia”. “Casi nadie se lo creía”, apostilló al tiempo que animó a los futuros afectados a dar cuenta de los sucedido a partir de ahora para exigir una compensación. Entiende Ignacio Senovilla que las explotaciones ganaderas “no son compatibles con los lobos” por lo que considera un grave error introducirlos en determinadas zonas. El resultado salta a la vista.

Las indemnizaciones, explicó Senovilla, se harán efectivas teniendo en cuenta el precio del ejemplar abatido en la lonja agropecuaria en el momento de su muerte. La mayoría de animales afectados son terneros jóvenes cuyo valor oscila entre los 300 y los 400 euros.

Con el inicio de los pagos se pone fin a una batalla legal iniciada hace un lustro desde COAG Zamora, desde donde se interpuso una denuncia exigiendo una contraprestación para los afectados por el ataque de los lobos que forman parte del plan regional de reintroducción del animal. Tras recurrir las sucesivas sentencias, el caso llegó finalmente al Supremo, contra el que ya no cabe recurso, que falló a favor de los profesionales del campo afectados.

 
 

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