La consejera de Agricultura y Ganadería deja claro que la norma perjudica a Castilla y León, que comercializa el 50 por ciento de las paletas y jamones ibéricos y que cuenta en la provincia de Salamanca con 352 industrias de un total de 2.000 explotaciones, que dan trabajo a 8.000 personas.
En este contexto, subraya el acuerdo alcanzado en la Comunidad con el sector en defensa de sus intereses y en su oposición a la modificación que pretende el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Así, explicó que ya en mayo hizo llegar al ministro la propuesta de Castilla y León y, hace apenas unos días, volvió a remitirle una carta con los argumentos de esta Comunidad, una vez que se produjo una reunión informativa en Madrid sobre la reforma.
Según la consejera, modificar la norma es “bueno” para avanzar en los criterios de calidad y establecer los mecanismos de control que hasta ahora podrían no haber funcionado pero también, añadió, es necesario que esas modificaciones “tengan la aceptación de toda España” y que esta reforma “no desmantele” el sector porque, a su juicio, introduce requisitos “imposibles de cumplir” como la inscripción en el libro o la extensificación, donde se establecen dos meses para un cerdo ibérico para ser sacrificado, a pesar de que ya haya llegado al peso. “No tiene ningún fundamento y hace que el sector no sea competitivo”, remachó.
Al ser preguntada por una posible conspiración contra el sector de Castilla y León, Clemente lo niega, pero indicó que en este asunto desde el Ministerio “se ha tomado un camino equivocado para modificar la norma”, aunque, precisó, están a tiempo de rectificar.
Desencuentro entre la Junta y el Gobierno central
El ibérico y las modificaciones que el Ministerio de Agricultura pretende hacer en la norma de calidad de este sector han servido en bandeja un nuevo desencuentro entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central. Tanto que la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha remitido ya una carta al ministro Miguel Arias Cañete trasladándole la «preocupación» ante los planteamientos de su departamento en un sector en el que la Comunidad acapara el 70% de los sacrificios de cerdos. En la misiva, Clemente alerta de que de incorporase algunas de las cuestiones «podrían suponer un grave perjuicio para los interese del sector del ibérico nacional y de Castilla y León».
Aunque la Junta admite algunas de las mejoras como unificar en una denominación ibérico, «no podemos aceptar» el cambio «sustancial» en los requisitos exigidos vinculados a la obligatoriedad de inscribir a los progenitores en el Libro Genealógico y aumentar al 75% la pureza, ya que «perjudicaría gravemente» a los intereses del sector en la Comunidad, que en su mayoría comercializa con el 50% de pureza tanto ibérico fresco como curado.
Entre otros puntos, también es contraria a los requisitos sobre el ibérico de cebo ya que la extensificación requerida «supondría la práctica desaparición de un sector» que ha realizado cuantiosas inversiones y se centra fundamentalmente en Salamanca.
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