La futura Ley Agraria de Castilla y León condicionará las ayudas públicas al tamaño de las explotaciones, al tiempo que impulsará la modernización del campo con medidas que faciliten el acceso de los jóvenes al sector. También servirá para crear la figura del mediador de la cadena de valor para defender a los agricultores. En concreto, se encargará de controlar y denunciar las prácticas abusivas que pudieran detectarse entre los productores y la industria o cualquier otro intermediario, y podrá presentar denuncias ante el Tribunal de la Competencia en nombre de agricultores y ganaderos, según el borrador de la norma que publica 'El Norte de Castilla'.
Entre otras novedades, la norma implicará crear un banco de tierras que funcionará como un registro que conectará la oferta de las parcelas rústicas o cultivadas con las demandas de los agricultores. Además, por primera vez se regulará la concentración parcelaria con carácter privado; se realizará una nueva clasificación de las infraestructuras agrarias para facilitar la iniciativa privada y se establecerán fórmulas alternativas de financiación.
El anteproyecto de la Ley Agraria, que podría recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno antes de que concluya este mes, incluye una nueva regulación de los mercados de productos agrarios, lo que se conoce como lonjas, y también busca establecer todos los instrumentos al alcance de la Junta para conseguir el equilibrio de la cadena de valor y que los productores obtengan precios que les permitan cubrir los costes.
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