Ante la negativa del Gobierno Central a proteger al lobo, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico, ASCEL, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el Ministerio de la Transición Ecológica de Terea Ribera.
La asociación explica que la protección surge "de nuestra iniciativa, pionera en España y fechada ya en octubre de 2019, que avalaba técnica y legalmente la protección nacional del lobo, propuesta que tuvo el respaldo unánime de un comité científico en 2020. Desde entonces, el Ministerio no ha cumplido sus obligaciones, con el burdo pretexto de la oposición de las comunidades autónomas".
"Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Si se quiere proteger, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno. Pero el trámite nunca se completó, y la orden no se firmó. Por tanto, cualquier anuncio de buenas intenciones que no se plasme en el Boletín Oficial del Estado es engañar a la ciudadanía y prolongar sine die una decisión que solo compete al Gobierno Central. Y sin publicación en el BOE no hay protección de lobos, perpetuándose el modelo de gestión autonómico basado en la caza y control poblacional, que contribuye al desfavorable e inadecuado estado de conservación de nuestra población de lobos, como ha acreditado la Unión Europea", argumenta ASCEL.
El lobo, añade la asociación, es el único gran carnívoro terrestre de nuestra fauna "que no está estrictamente protegido (como el oso pardo y el lince ibérico) en el RD 139/2011. Estamos pues, obligados a demandar en los tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y ello lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades".
