La Asociación de Rehalas Regional Española de Caza (ARRECAL) advierte este jueves a sus asociados, a todos los cazadores y también a la ciudadanía en general, del impacto que tendrá la entrada en vigor del nuevo delito de maltrato animal, que será efectivo en 20 días hábiles desde su publicación en el BOE (29/03/2023). La nueva redacción del art. 340. bis del Código Penal, establece penas más altas, nueve circunstancias agravantes y la inclusión de todos los animales vertebrados como objeto de protección.
El presidente de ARRECAL, Felipe Vegue, advierte de la posibilidad real de ser condenado a penas superiores a dos años de cárcel por la muerte o la lesión de un animal fuera de actividades reguladas y, con ello, la probabilidad de ingresar en prisión.
ARRECAL alerta de que además de las penas de prisión o multa se prevén penas de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio que tengan que ver con animales. En el caso de rehaleros, ganaderos, veterinarios, transportistas de animales, criadores, adiestradores… esto supone un grave problema de orden laboral y profesional.
Felipe Vegue ha vuelto a mostrar su indignación por esta reforma que, tal y como ha advertido la asesoría jurídica de ARRECAL desde el primer momento, supone la vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal y del principio de proporcionalidad.
ARRECAL también informa de las elevadas penas que se están pidiendo por parte del Ministerio Fiscal en algunos casos de maltrato animal con el Código Penal de 2015 y del temor de que con el nuevo texto legal las acusaciones con peticiones de penas de prisión de 15 o 16 meses puedan convertirse fácilmente en más de dos años de prisión con la concurrencia de agravantes. También apuntan que las empresas podrán ser declaradas penalmente responsables por este delito a raíz de la reforma. Además de penas de multa para las personas jurídicas se podrán establecer penas de suspensión de la actividad, clausura, inhabilitación para obtener subvenciones e incluso disolución de la persona jurídica.
Se trata, ha apuntado Vegue, de “un auténtico disparate que de aplicarse pondrá contra las cuerdas a muchos sectores imprescindibles de nuestro país”.
