Qué duda cabe que este 2013 ha sido año destacado por las negociaciones de la Política Agraria Común para una reforma de la misma que ya se encuentra en su última fase. No obstante, desde la Alianza por la Unidad del Campo que integran UPA y COAG afirman estar en incertidumbre.
Ambas organizaciones profesionales agrarias dicen no saber si el Ministerio de Agricultura priorizará el reparto de los fondos de la Política Agraria Común en el agricultor activo y, por lo tanto, en las políticas destinadas a este tipo de agricultor.
Agricultor activo
La Comisión Europea, en su propuesta de reglamento sobre el concepto de 'agricultor activo', realiza una propuesta en sentido negativo indicando a quien no se concederán los pagos directos. Castilla y León considera que no se pueden seguir manteniendo como beneficiarios de ayudas de la PAC a aquellos cuyos únicos ingresos agrarios son los pagos directos de la PAC ya que la actividad agraria conlleva para el agricultor la toma de determinaciones de naturaleza económica, asumiendo los riesgos de pérdidas o recogiendo los beneficios derivados de sus decisiones.
Por este motivo en la futura PAC, según el acuerdo firmado el pasado mes de noviembre, no se deben conceder ayudas a aquellos agricultores y ganaderos que no acrediten un nivel de ingresos procedentes de la actividad agraria por la producción y cría de productos agrícolas o ganaderos en una cuantía al menos idéntica al importe que les corresponda en concepto de pagos directos.
Además, en lo que respecta a los requisitos legales relacionados con el ejercicio de la actividad agraria, el Gobierno autonómico y el sector agrario en Castilla y León considera que se debe exigir el cumplimiento de la normativa básica estatal en materia tanto fiscal como de la Seguridad Social que corresponda. El Gobierno autonómico y el sector entienden que para el cumplimiento de esta exigencia se debe incluir un periodo transitorio y así poder dar respuesta a las distintas situaciones que se puedan dar.
En suma los firmantes aseguran en el acuerdo que de los principios del Reglamento y del Articulado no hay riesgo de perder fondos por el mero hecho de utilizar como Estado Miembro, las opciones que habilitan el articulado del mismo, como es poder excluir del nuevo régimen a aquellas personas que no cumplan con los requisitos de actividad agraria o agricultor activo.
Actividad agraria
La propuesta de Reglamento de Pago Base establece que cada Estado Miembro debe establecer y fijar criterios exigentes que sirvan para definir cuando se entenderá cumplido el requisito de "el mantenimiento de la superficie agrícola en un estado idóneo para pasto o cultivo sin ninguna acción preparatoria especial, que vaya más allá de los métodos y maquinarias agrícolas habituales".
El Gobierno autonómico y el sector, tal y como se ha acordado, consideran que deben diferenciarse las superficies admisibles en dos tipos: tierras de cultivo y pastos permanentes, estableciendo para cada una de ellas los requisitos mínimos para su mantenimiento.
Sobre las tierras de cultivo, Castilla y León considera necesario que se incluyan requisitos relacionados con la alternancia de cultivos para evitar una declaración reiterada de la misma parcela y que no esté siendo cultivada o que esté en abandono. Esta circunstancia debe ir íntimamente ligada al cumplimiento de los requisitos del pago verde.
En relación con los pastos permanentes, el Gobierno autonómico y el sector, en el Acuerdo suscrito hoy, contemplan que se asigne derechos de pago base sobre superficies de pastos a los beneficiarios que sean ganaderos titulares de una explotación ganadera en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas). El titular debe disponer de una explotación ganadera con un número de animales proporcional a las superficies admisibles que debe mantener para obtener las ayudas.
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