La organización agraria asegura que este retraso está originando graves perjuicios económicos a los agricultores y ganaderos a título principal, “hasta el punto de poner en serio riesgo la viabilidad de las explotaciones. De hecho, nos estamos con algunos casos en los que se está negando la refinanciación de los préstamos por parte de las entidades bancarias, y en otros en los profesionales se ven obligados a hipotecar la explotación”.
Al mismo tiempo, la Alianza califica de “inaudito” que problemas ajenos al sector estén convirtiendo las ayudas al sector recogidas en el Plan de Desarrollo Rural en arma arrojadiza entre el Ministerio de Agricultura y la Junta, y asegura que “no permitirá que el Gobierno, en su afán por aplicar recortes abusivos, dañe seriamente los intereses de los agricultores y ganaderos de una región como la nuestra, eminentemente agraria y cuyo PIB depende en un importante porcentaje del sector”.
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