La Alianza UPA-COAG reclama “máximo compromiso” a las administraciones “para poner las bases de una PAC que responda a un modelo social agrario, y por lo tanto que garantice a la sociedad el suministro de alimentos de calidad a un precio justo, que luche contra el despoblamiento en el medio rural y que defienda el medio ambiente”.
La organización hace esta reclamación en el marco de la conferencia que sobre la PAC se está celebrando en Madrid, y a la que asisten representantes de la Unión Europea, del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas, como la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos.
La Alianza UPA-COAG espera que haya un posicionamiento común de nuestro país de cara a las próximas negociaciones de la PAC “y que éste sea inequívoco y firme en cuestiones claves como los pagos directos, cadena alimentaria, medidas de mercado y desarrollo rural”.
Por todo ello recaman urgentemente la defensa de las medidas de mercado “que garanticen precios justos para el eslabón más débil de la cadena alimentaria posibilitando con ello a los profesionales del sector agrario vivir de la rentabilidad obtenida por la venta del producto eliminando la especulación de los intermediarios”.
Para la Alianza todo el esfuerzo de las administraciones “ha de ir encaminado a que haya un rejuvenecimiento del sector agrario invirtiendo la pirámide actual de perceptores de la PAC en Castilla y León”. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el 58 % de los beneficiarios de nuestra Comunidad Autónoma tienen más de 55 años y tan solo el 11 % no llega a los 40 años.
Para la Alianza UPA-COAG la futura PAC debe ir acompañada de un presupuesto adecuado a las necesidades que reclama la sociedad en cuestiones prioritarias como la alimentación, territorio, paisaje y medio ambiente.
Ante la destrucción actual de activos en el sector agrario “es fundamental que se apueste por una PAC que busque el progreso de agricultores y ganaderos”. Para ello, afirman, “debe simplificarse la burocracia que nos ahoga” y reducir el plazo de los pagos directos y medidas del segundo pilar (incorporación, modernización, agroambientales, etc.), convocar todos los años las ayudas a la incorporación de jóvenes y modernización, reorientar el PDR hacia los agricultores y ganaderos profesionales (agroambientales, producción ecológica, IC de montaña y no montaña, etc.), ampliar la convocatoria de los pagos compensatorios también a las zonas con limitaciones naturales significativas (únicamente se está convocando en zonas de montaña y con limitaciones específicas), y un desarrollo y puesta en marcha decidida del Plan Estratégico de Producción Ecológica, entre otras muchas cuestiones.
En todo caso, la Alianza UPA-COAG exige “altura de miras” a todas las administraciones, “y que se escuche de una vez por todas a los verdaderos profesionales agrarios puesto que está en juego algo tan fundamental como es el futuro más inmediato de quienes proporcionamos alimentos de calidad a la sociedad y somos garantes de la biodiversidad a través de la conservación de los recursos naturales”.
