La Alianza UPA-COAG trasladó al Consejo Regional Agrario su inquietud “ante el serio riesgo que corre nuestra Comunidad Autónoma de perder los fondos Feader correspondientes al año 2012, que ascienden a a 17,5 millones de euros, si el estado miembro no cofinancia la parte correspondientes a lo largo de estos meses que restan de 2014”.
A pesar de que el pago está aprobado por la Conferencia Sectorial de Agricultura sigue bloqueado hasta que no se apruebe en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, advierten, “no hay garantías de que en los próximos meses se ejecuten los pagos que les corresponden a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, a pesar de que la consejera de Agricultura tenga la partida habilitada para pagar en el momento en que se reciban los fondos del Ministerio”.
Al mismo tiempo, la Alianza insistió en realizar peticiones concretas relativas a la quema controlada de rastrojos, la inclusión de Castilla y León dentro de la orden de ayudas contra la sequía, la necesidad de que se mantengan para este ejercicio la convocatoria de ayudas agroambientales para los contratos que han finalizado. De igual forma, reclamó información “detallada y puntual” de la situación económica de la cámaras agrarias de Castilla y León a 1 de enero de 2014.
Además, UPA-COAG mantiene su posicionamiento sobre los cuatro decretos que regulan la aplicación de la PAC, oponiéndose a la definición de agricultor activo “puesto que da cabida a productores que no son profesionales”.
Al respecto, y una vez conocidas las 24 regiones productivas a nivel nacional, consideran “que muchos agricultores y ganaderos verán reducidas como media en un 18% las ayudas agrarias debido al trasvase de fondos entre productores”. En todo caso, se beneficiará a la propiedad y en especial a las grandes explotaciones una vez que se aplique la convergencia.
Respecto a la ayuda asociada al cultivo de la remolacha, la Alianza UPA-COAG ha mostrado su rotundo rechazo a la aplicación de las ayudas a la hectárea, y no por tonelada, “lo que irá en detrimento de los verdaderos profesionales puesto que se penaliza la producción”.
Por otro lado, de los decretos de la PAC confirman la penalización que sufren las ganaderías sin base/tierra tanto en vacuno, como ovino y caprino, y el carácter liberal de la propia reforma agraria que elimina el sistema de cuotas y los derechos de producción, lamentan.
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