La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alzado la voz para denunciar una situación que consideran injusta y perjudicial para el sector agrario.
Según la organización, la significativa disminución del precio del barril de petróleo Brent y la apreciación del euro frente al dólar desde mediados de enero de 2025 no se han trasladado al precio del gasóleo agrícola, un combustible esencial para las labores del campo.
UPA señala que desde enero, el precio del Brent ha experimentado una notable caída de 21,03 €, pasando de 82 dólares a la última cotización de 64,76 dólares. Paralelamente, la cotización del euro frente al dólar ha mejorado un 10,20%, pasando de 1,02 dólares por euro a 1,136 dólares por euro. Este fortalecimiento de la moneda europea debería, en principio, abaratar aún más el coste de las materias primas importadas, como el petróleo.
Sin embargo, la organización agraria lamenta que esta doble circunstancia favorable no se haya visto reflejada en el precio final del gasóleo agrícola. "Desde UPA no hemos dejado de denunciar que en los combustibles, la menor subida del precio del petróleo, o bajada del valor de Euros frente al dólar, es esgrimida por las petroleras para subir el precio del gasóleo, pero como, cuando la situación es al revés, tardan mucho tiempo en trasmitir una mínima bajada a los precios del gasóleo, argumentando que están produciendo con petróleo que fue adquirido más caro", critica la organización en un comunicado.
UPA considera que esta asimetría en la traslación de los precios es "fácilmente contable con los enormes beneficios de estas petroleras". La organización subraya que una bajada justa y merecida en los precios de los combustibles supondría un alivio crucial para los agricultores, quienes actualmente afrontan elevados costes de producción en plena campaña de siembra de cultivos de regadío y ante el inminente inicio de los riegos.
Ante esta situación, UPA ha dirigido su petición al "desaparecido Ministro de Consumo" (en referencia a las recientes reestructuraciones ministeriales, siendo ahora el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el competente en la materia), solicitando formalmente que se abra una investigación exhaustiva al respecto. La organización agraria califica la situación como un "claramente un abuso de mercado" que perjudica gravemente la rentabilidad del sector primario.
