Con este respaldo económico, la Administración autonómica trata de fortalecer y facilitar el trabajo de las entidades asociativas de la economía social y de las entidades sin ánimo de lucro y que pretende lograr una verdadera inclusión laboral, incrementado en todas las empresas la presencia de trabajadores con discapacidad y de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, se han dirigido, por un lado, a financiar los costes laborales de los profesionales que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad contratados por empresas del mercado ordinario de trabajo; y por otro, a financiar las actuaciones que tratan de fomentar el tránsito del mercado de trabajo protegido al mercado ordinario.
En la primera línea de ayudas la Junta ha financiado, en 7 entidades sin ánimo de lucro, la contratación de 14 técnicos para realizar labores de acompañamiento y seguimiento individualizado a trabajadores con discapacidad. Estos 14 profesionales han prestado apoyo a un total 45 empleados que desempeñan su labor en empresas del mercado ordinario, facilitando, de este modo, su integración y el ejercicio de su actividad profesional fuera de las empresas del mercado protegido.
Con el fin de facilitar la contratación de estos profesionales, fundamentales para el proceso de integración, la Junta de Castilla y León ha incrementado el importe de las ayudas, en línea con el incremento de los costes laborales derivados de las contrataciones. De este modo, las subvenciones concedidas oscilan entre los 7.000 euros y los 1.020 euros de ayuda por trabajador apoyado en función del grado de discapacidad.
Además de estas ayudas para la contratación del personal de apoyo, se han concedido también subvenciones, por un importe global de 42.303 euros, a las entidades asociativas de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción para fomentar el tránsito del mercado de trabajo protegido al mercado ordinario, tanto de los trabajadores con discapacidad como de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión.
En este caso, las ayudas se han destinado a financiar actuaciones destinadas a estimular la contratación de estos colectivos en el mercado ordinario. En este caso, las ayudas concedidas van dirigidas a financiar iniciativas de sensibilización, difusión, asesoramiento a empresas y administraciones, estudios, publicaciones, etc.
