El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la prórroga del contrato del seguro colectivo de accidentes de los riesgos derivados de las labores de extinción de incendios forestales, por un importe de 425.278 euros, para el año 2017. Actualmente el número de personas que integran el operativo contra incendios de la Junta es de 4.129, incluyendo personal del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las entidades con las que existe convenio.

La póliza inicial se suscribió en el año 2001 con la aseguradora Mapfre España, y desde entonces se ha procedido a las prórrogas anuales, cuyas principales indemnizaciones: en caso de fallecimiento por accidente, el capital mínimo a percibir será de 240.000 euros; por incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, el capital mínimo a percibir será de 360.000 euros; y por incapacidad permanente parcial para cualquier profesión u oficio, la indemnización será un porcentaje sobre la cuantía de 360.000 euros dependiendo del grado de incapacidad. 
Están asegurados los ingenieros, los agentes forestales y celadores de Medio Ambiente, trabajadores laborales fijos y fijos discontinuos y cualquier otro personal con disponibilidad para las labores de extinción de incendios que sean trabajadores de empresas contratadas por la Junta de Castilla y León. 

Los asegurados cubiertos por la póliza son todas las personas que efectúen labores de extinción por cuenta de la Junta de Castilla y León, ya sean personal propio o contratado, o personal de otras administraciones que colaboren. 

En la actualidad el número de personas que integran el operativo en la lucha contra incendios, y que por tanto están asegurados, es de 4.129, incluyendo personal del MAPAMA y de las entidades locales conveniadas, sin perjuicio de que dicha cobertura también se extienda a otro personal que eventualmente acuda para participar en las labores de extinción.

Este seguro corrobora que el operativo de incendios forestales de la Junta de Castilla y León trabaja en función de las necesidades requeridas, estando adaptado todo el año a las condiciones de riesgo existentes en cada momento, alerta en época de riesgo bajo y con su máximo despliegue en la época de riesgo alto.

 

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