El objetivo de este ambicioso programa de actuación es triple. Por un lado, persigue que el patrimonio de la Comunidad se encuentre en pleno uso, lo que implica reducir al mínimo los bienes que carecen de destino público. Para ello contempla, en segundo lugar, la venta o alquiler de edificios y terrenos de modo que generen ingresos directos para las arcas autonómicas pero también indirectos, puesto que fruto de la transacción se reducirán los gastos tributarios y los asociados al mantenimiento. Por último, pretende favorecer el establecimiento de empresas en Castilla y León, lo que contribuirá a la creación de empleo o su mantenimiento y por tanto a fijar y atraer población.
El documento ha sido elaborado por la Consejería de Hacienda en coordinación con los demás departamentos de la Junta que tienen competencias en materia de patrimonio, y es fruto de un laborioso trabajo de análisis del inventario que ha tenido como consecuencia un catálogo formado inicialmente por 1.671 inmuebles. En concreto, 1.110 parcelas de suelo industrial, 258 fincas de reemplazo ?es decir, desafectadas de las vías pecuarias tras procesos de concentración parcelaria?, 176 viviendas y casillas de camineros, 48 garajes, 33 solares urbanos consolidados, 27 edificios en desuso, 15 locales, tres terrenos pendientes de gestión urbanística y uno de carácter rústico.
El importe global de los bienes recogidos en el plan asciende a 254,2 millones de euros, de acuerdo con las tasaciones que figuran en el inventario de la Junta, de los que 209,4 millones ?el 82,4 % del total? corresponden a superficie industrial. A continuación se sitúan los solares urbanos consolidados, con 22 millones de euros, y a más distancia las construcciones sin uso, que aportan 8,9; las viviendas y casillas, que suponen 6,2 millones; los locales, con un coste calculado en otros 3,9; los suelos pendientes de desarrollo, que añaden 3,1 millones de euros; las parcelas de reemplazo, que en conjunto superan los 341.400 euros; los garajes, con casi 309.700, y algo más de 1.800 euros de otras fincas rústicas.
La distribución por provincias revela que de los 1.671 inmuebles, 127 se encuentran en Ávila y están valorados en 22,1 millones de euros; 489 en Burgos, y en 92,2 millones; 300 en León, que importan 58,3 millones de euros; 230 en Palencia, que suman otros 24 millones; 37 en Salamanca, cuantificados en 1,4 millones; 89 en Segovia, por 2,2 millones; 56 en Soria, tasados en 2,3 millones de euros; 207 en Valladolid, con un coste de 28,9 millones, y 136 en Zamora por 22,8 millones de euros.
Entre los inmuebles susceptibles de ser enajenados no figuran viviendas de protección oficial, edificios administrativos ocupados ni Bienes de Interés Cultural (BIC). De hecho, para poner en valor los BIC que se encuentran en desuso existen otras fórmulas de explotación patrimonial que la Consejería de Hacienda ha ensayado ya con éxito en la antigua Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, en Soria, transformada en un moderno balneario de agua termal que ha reactivado la actividad económica en la zona.
Instrumento flexible y dinámico que implica a seis departamentos autonómicos
El Plan de Enajenación de Inmuebles no es un instrumento cerrado, sino flexible y dinámico. Esto implica la posibilidad tanto de incorporar bienes a la lista original, como de excluirlos si se opta porque permanezcan en manos de la Comunidad o resulta imposible realizar alguna de las operaciones previstas. En este sentido, se contemplan distintos tipos de procedimiento, fundamentalmente enajenaciones onerosas, permutas, cesiones gratuitas y arrendamientos.
Conviene destacar, por otra parte, que el impulso y cumplimiento del plan corresponde a un grupo de trabajo formado por representantes de tres consejerías y tres entes institucionales de la Junta con atribuciones en el área de patrimonio, que se encargarán de diseñar los criterios de actuación sobre los inmuebles susceptibles de enajenación y evaluar los resultados.
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