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La provincia queda fuera de una iniciativa prevista solo en 15 provincias españolas, ninguna de las cuales se encuentra en Castilla y León.

De este modo, el conjunto de las organizaciones profesionales agrarias, que en este asunto vienen manteniendo posiciones comunes, ven desatendidas una de sus principales reivindicaciones, que es acabar con la intranquilidad del sector y el miedo de los vecinos del medio rural mediante el incremento de la seguridad en el campo.

El plan diseñado por el Gobierno consiste en un despliegue de nuevos equipos específicos de la Guardia Civil denominados ‘Equipos Roca’ (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo), que proporcionan una cobertura integral al agricultor y al ganadero que va desde los contactos iniciales, pasando por el intercambio de información y acciones formativas de seguridad, hasta la investigación e identificación de los delincuentes.

En total, serán 55 equipos con un total de 275 agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a estos cometidos, aunque no en la provincia de Ávila, donde el operativo no será visible.

Sólo en campaña

La reacción del PSOE ha venido de la mano del diputado Pedro José Muñoz, quien ha acusado al PP de acordarse de los trabajadores del campo “solo en campaña electoral”, porque “luego son uno de los colectivos más olvidados por el PP”.

Desde su punto de vista, la exclusión de Ávila del Plan “condena” a la provincia “al ostracismo, por no considerarla de especial incidencia de robos”, problemática a la que se suma “la incertidumbre que supone dedicarse a la agricultura, por los devenires meteorológicos, plagas como las de topillos y demás avatares a los que han de hacer frente los trabajadores del campo”.

“No entendemos que el Gobierno nos dé la espalda” en este asunto, ha dicho Muñoz, quien ha recordado que la provincia ha sido escenario de robos de material como aspersores, maquinaria, cobre y tubos de regadío, “especialmente en la comarca de La Moraña, pero también en otras zonas de la provincia como en el municipio de Candeleda”.

El diputado socialista ha instado al PP de Ávila y a la Junta de Castilla y León a “que defiendan, de una vez por todas, los intereses del campo abulense” y “que no se queden de brazos cruzados como ocurre frecuentemente ante las decisiones injustas del Gobierno de Mariano Rajoy con esta tierra”.

Robos continuos

Por su parte, el sindicato agrario UCCL ha exigido la “inclusión inmediata” de Ávila y de Castilla y León en el plan de vigilancia anunciado por los ministerios de Agricultura e Interior “pues desde hace muchos meses los agricultores de amplias zonas de la región están soportando robos continuos en sus explotaciones”.

Ante la “sorpresa” que ha supuesto la exclusión de las nueve provincias de Castilla y León del plan, UCCL ha incidido en “los estragos que están causando entre los agricultores y ganaderos los incesantes robos en sus explotaciones, que incluyen desde herramientas a gasóleo, pasando por cableados y transformadores, material de riego, e incluso tractores agrícolas de gran tonelaje y valor”.

Recuerdan además que “la situación ha alcanzado tal magnitud que los propios agricultores de las zonas afectadas se han visto obligados a realizar patrullas nocturnas organizadas para vigilar sus instalaciones”.

UCCL ha lamentado que esta situación, “gravísima e insostenible por mucho tiempo”, no sea suficiente para que las autoridades competentes en la materia, en este caso los ministerios de Agricultura e Interior, “se den por aludidos”.

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha anunciado que realizará una petición formal de reunión con el Delegado del Gobierno “para que informe detalladamente de los pormenores del acuerdo anunciado”.

En dicha reunión, instarán al delegado a “que intervenga de forma activa para que Castilla y León, al menos en las zonas más afectadas, sea incluida en todas las acciones que a nivel estatal se desarrollen para atajar este problema".

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