Así lo entiende la asociación que agrupa a los principales productores mineros y cuyos responsables están preocupados porque en esa fecha el Gobierno debería tener tramitada ?aún no lo está? la orden ministerial que regula las primas para incentivar a que las eléctricas adapten a la normativa ambiental europea sus centrales térmicas de carbón. Unas ayudas con las cuales el Gobierno se comprometió como compensación para que las eléctricas firmasen acuerdos de compra a largo plazo con las empresas extractoras de carbón.

Y es que el próximo mes, las empresas energéticas deben decidir si se acogen al denominado "plan nacional de transición", para así hacer las obras necesarias en sus equipamientos. Si no se acogen al programa, tendrían que reducir sus emisiones a través de un recorte en su funcionamiento. Un recorte a máximo de 17.500 horas de vida útil, o como mucho la fecha de 1 de enero de 2023.

Desde la patronal minera quisieron poner un ejemplo con Endesa. "Sus centrales térmicas no están en el plan nacional de la transición, sino que ya se han acogido a las 17.500 horas de funcionamiento", explicaron. Esto significa que la empresa eléctrica tomó en 2013 la decisión de reducir sus horas de funcionamiento para cumplir con el plan de emisiones. Sin embargo, una moratoria del Gobierno permitía a Endesa cambiar su decisión hasta el 1 de octubre de este año. Un tiempo que expira en menos de un mes, y del que depende el futuro de una de sus centrales, Compostilla II.

El plan no llega

Los responsables de Carbunión se mostraron "realmente preocupados por la tramitación de la orden ministerial". De hecho, la patronal minera asegura que "lo que tenemos encima de la mesa es muy grave". Y explica, "el 1 de octubre, las empresas eléctricas tienen que decidir lo que hacen con las centrales térmicas".

Y esa fecha límite, establecida hace ya dos años, supondrá un punto de inflexión en el futuro del sector español del carbón, que sabrá entonces cuantas centrales quedarán para abastecer con el mineral nacional. Por ello, los responsables del sector minero entienden que es vital tener la orden ministerial anunciada, para que de esta forma el Gobierno trate de "seducir" a las compañías eléctricas para apuesten por las obras de adaptación.

Entretanto, el comité de Empresa de Compostilla II sigue resignado ante el calendario. Por un lado siguen sin recibir ninguna comunicación interna sobre los planes de su empresa, pero entienden que "es una decisión política" y ese plano "seguimos esperando la reunión que le pedimos al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y que tendrá sobre su mesa desde hace meses" sin atender. "Estamos muy preocupados, porque la fecha de cierre puede ser definitiva", apunta a este diario el presidente del Comité, Juan Sobredo.

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído