El ?Pilar europeo de los derechos sociales?, documento firmado de forma conjunta en 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, es una carta de derechos basada en 20 principios que pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y más efectivos. Recoge aspectos tan relevantes como el crecimiento inclusivo y sostenible y el progreso económico y social, la protección e inclusión social, la igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo justas, la igualdad de género, la conciliación, la lucha contra el desempleo, la discriminación o la exclusión social y la pobreza. El Pilar se enmarca en las reformas de las políticas sociales que actualmente se están aplicando en la Unión Europea con el fin de adaptarse a los cambios demográficos, los cambios en el mercado de trabajo y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales.
El consejero de Empleo, Carlos Fdez. Carriedo, ha clausurado el seminario ?El Pilar europeo de los Derechos Sociales? organizado en Valladolid por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con su red territorial EAPN-CyL, encuentro en el que se han analizado precisamente las claves de la implementación de este Pilar europeo y que ha contado con la presencia de Carlos Susías, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Ann Westman, Senior Economic Advisor de la Representación de la Comisión Europea en España y Ángel Parreño, Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En este seminario se ha puesto de manifiesto que uno de los grandes retos de la Unión Europea es avanzar en su dimensión social, para lo cual es necesario desarrollar de forma efectiva los principios que se definen en este ?Pilar europeo de derechos sociales?, hoja de ruta que deberá definir los avances sociales de los próximos años.
Carriedo ha asegurado que en esta aplicación del Pilar de derechos es fundamental el papel protagonista de las regiones y de las entidades locales, tal y como se realiza en Castilla y León, comunidad que ya está desarrollando y avanzando en su aplicación efectiva gracias a la implicación y coordinación entre administraciones, agentes sociales y entidades del tercer sector, un trabajo plenamente alineado con los principios y derechos que lo inspiran.
Es fundamental el papel del Diálogo Social y las entidades del tercer sector, con los que se han firmado en estos años 65 pactos y convenios, algunos en aspectos tan relevantes como la dependencia o el empleo inclusivo; la consolidación, a través de su aprobación como Ley de la Red de Protección, de la que forma parte EAPN y que atiende a unas 200.000 personas; la coordinación socio-sanitaria y las soluciones tecnológicas avanzadas para atender los derechos de las personas más vulnerables o con la recientemente aprobada Ley de medidas en el ámbito público y privado dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género, que defiende la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad laboral y el equilibrio entre la vida profesional y la privada.
