El Consejo de Gobierno ha aprobado este pasado jueves, 16 de junio, un proyecto de Decreto para regular la estructura orgánica y las competencias de las delegaciones territoriales que alberga ciertas modificaciones sustanciales como:
1. La adecuación de la denominación de determinados servicios, donde el Servicio de Fomento pasa a denominarse Servicio de Movilidad y Transformación Digital, y el Servicio de Cultura y Turismo pasa a denominarse Servicio de Cultura, Turismo y Deportes.
2. Precisando algunas de las competencias de las delegaciones, coordinarán la atención a medios de comunicación en la provincia en lo que respecta a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la misma, serán el cauce de comunicación de las demandas de las Entidades Locales y colectivos civiles de la provincia ante los correspondientes órganos directivos centrales para actuaciones que excedan del ámbito competencial de la Delegación, o velarán por la identidad institucional de la Junta en la provincia.
3. En cuanto a las secretarías territoriales, les corresponde las competencias en materia de protección civil, de régimen local, juego y apuestas y procesos electorales autonómicos en su respectivo territorio, y además, los servicios comunes de las Secciones de Juventud y de las instalaciones juveniles de la Administración, así como sus necesidades de régimen interior, serán cubiertos por cada Secretaría Territorial, en coordinación con la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
4. Los servicios territoriales asumirán competencias en los términos que establezcan las órdenes de desarrollo, sin que necesariamente coincidan en su totalidad con el ámbito competencial de una Consejería.
5. Se crea un Grupo de Trabajo, dependiendo de la Comisión Territorial de Coordinación Territorial, que tratará de forma periódica los aspectos horizontales que afecten a las delegaciones territoriales, constituido por los secretarios territoriales bajo la presidencia del secretario general de la Presidencia y los titulares de los centros directivos centrales con competencia en atención al ciudadano y función pública.
El decreto se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, y dado que no se produce un incremento en el número de órganos no supone, por sí mismo, incremento del gasto público.
