El Consejería de Economía y Hacienda determina como “como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación el incendio acaecido en la fábrica de Ornua Ingredientes España SL” en el polígono de Vicolozano, “tanto por el número de empleos afectados como por las importancia de la fábrica siniestrada y las consecuencias económicas no solo para la propia empresa sino para el sector industrial de la provincia de Ávila y para la industria láctea regional”.
También se aprueban “las medidas necesarias para fomentar la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo, así como la agilización de los permisos, autorizaciones y demás actuaciones precisos para la reconstrucción y puesta en funcionamiento” de la fábrica.
Las medidas son, por un lado, para “el fomento de la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo”.
Se indica que en las convocatorias de subvenciones para proyectos de inversión en la industria agroalimentaria, “las bases reguladoras establecerán que puedan obtener una ayuda a fondo perdido aquellas empresas que acrediten su afección por un expediente de regulación de empleo suspensivo por fuerza mayor autorizado por la autoridad laboral competente”.
La ayuda “guardará en todo caso una relación de proporcionalidad con el número de trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo una vez finalizado el periodo suspensivo”.
Por otro lado, se acuerdan medidas “para la simplificación y agilización de los permisos, autorizaciones y demás actuaciones precisas para la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la fábrica”.
En concreto, “se declaran prioritarias y se tramitarán con carácter urgente todas las actuaciones competencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León necesarias para la reconstrucción y puesta en funcionamiento” de las instalaciones de la fábrica de Ornua.
“Todos los procedimientos -se apunta- a que se refiere el apartado anterior se regirán por la mencionada declaración de urgencia, por lo que los plazos legalmente establecidos para su tramitación quedan reducidos a la mitad, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable”.
En todo caso, la duración de los procedimientos para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la iniciación de la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la fábrica “no excederán en su conjunto de tres meses”.
