La anterior doble crisis económica que sufrió España y Castilla y León (en 2008-09 y 2011-12) dejó evidencia de uno de los graves problemas a los que de forma recurrente se enfrenta nuestro mercado laboral: el paro estructural.
La evolución de los indicadores de desempleo de larga duración muestra que, partiendo de valores medios en 2008 en Castilla y León en torno a 27.500 personas desempleadas buscando empleo durante más de un año, en 2014 la cifra ascendió a 151.700 personas (ocupando cada vez más peso el volumen de personas en búsqueda de empleo durante más de 2 años). No es hasta 2015 cuando, iniciada la recuperación económica, empieza a descender el volumen, de forma progresiva pero lenta. Sin embargo, desde entonces y tras varios años de expansión de la economía, 2019 dejaba de media 59.200 personas en desempleo de larga duración, 31.700 personas desempleadas más que en 2008.
Así, en 2019 Castilla y León, en promedio, el paro de larga duración (PLD, más de 1 año buscando) alcanzó al 45,3 por cien de las personas en desempleo y el de muy larga duración (PMLD, más de 2 años) al 30 por ciento. Partiendo de valores bajos en 2008, los porcentajes fueron aumentando hasta situarse en máximos en los años 2014 y 2015, ya inmerso el país en un proceso expansivo. La recuperación de la actividad económica permitió mejorar las tasas, aunque los porcentajes actuales quedan aún muy lejos de los valores de 2008.
La experiencia de las crisis pasadas indica que el desempleo se enquista tras una fuerte recesión, en especial entre las personas con más dificultades para acceder a un empleo.
Con datos del segundo trimestre de 2020 en Castilla y León, 49,2 de cada 100 personas en situación de PLD son mujeres y 52,8 de cada 100 en PMLD. Sus tasas son superiores a las masculinas, un escenario que se mantiene desde 2015. Por tramos de edad, a medida que avanza esta, las cifras de peso del PLD sobre el desempleo también aumentan. Destaca la elevada incidencia del paro estructural sobre los trabajadores mayores de 55 años, que alcanzaba según datos de cierre de 2019, tanto en España como en Castilla y León a 6 de cada 10 desempleados de este grupo de edad.
Por su parte, los jóvenes en España presentan una menor incidencia en el desempleo de larga duración (2 de cada 10 llevan buscando empleo más de 1 año), aunque es necesario analizar el comportamiento del desempleo juvenil desde otro enfoque. La mayor concentración de empleos temporales y parciales, con menor remuneración y, en definitiva, más precarios, confiere al empleo juvenil una flexibilidad, tanto de acceso al empleo como de salida del mismo, superior a la que caracteriza a otros grupos de edad. No obstante, resulta Desempleo de larga duración, una amenaza económica y social el Castilla y León 2 necesario matizar que sigue existiendo una parte del desempleo juvenil que se define como estructural y su trayectoria no responde al ciclo económico.
Ahora, la crisis económica y del empleo provocada por el coronavirus tiene su mayor riesgo social en la extensión de este paro estructural. Un desempleo que no quedó curado tras la anterior recesión y que ahora amenaza con expandirse, a falta de una respuesta contundente por parte de los gobiernos que asegure una decidida inversión en políticas activas de empleo y una mejora de la eficacia de los servicios públicos de empleo.
La huella de desempleo a lo largo del ciclo económico en Castilla y León
La tasa de desempleo en Castilla y León cerró 2019 en un 11,63 por ciento. Un valor inferior al alcanzado el año anterior y en descenso desde el inicio de la recuperación económica, a partir de 2014. Sin embargo, ese porcentaje continuaba por encima del alcanzado en 2008, con valores notablemente elevados en el caso de las mujeres.
En este periodo de expansión de la economía, tras lograr crecimientos del producto interior bruto en el entorno del 3 por ciento, la tasa de desempleo no ha logrado volver a los niveles precrisis, anteriores a 2008, un fenómeno que se conoce como histéresis del mercado laboral y que explica cómo, tras una recesión, parte del paro coyuntural se transforma en estructural, dejando como herencia un nivel de paro superior al que previamente existía.
En gran parte de Europa y España el desempleo coyuntural, terminó convirtiéndose en estructural. Y específicamente en Castilla y León quedó patente un aumento de los niveles de desempleo durante la recesión pasada, que no consiguió descender a los niveles de 2008, a pesar del proceso de recuperación económica experimentado. Al inicio de 2008, 97.300 personas estaban en desempleo; al final de 2019, tras la etapa expansiva, la cifra sumaba 126.600 más, casi 30.000 desempleados más.
En estas condiciones aterriza la pandemia de COVID-19 en 2020, impactando en el mercado laboral de Castilla y León con una presión al alza en la tasa de desempleo, que sube hasta el 11,82 por cien al inicio de 2020 y al 12,35 por cien en el segundo trimestre, afectando este aumento tanto a hombres como a mujeres. Según la EPA del segundo trimestre del año, 130.700 personas estaban en desempleo.
Del desempleo coyuntural al desempleo estructural
Es necesario profundizar en la amenaza que implica el paro y en la posible transición de un desempleo coyuntural, provocado de forma circunstancial por la crisis COVID-19, a uno estructural que se sume al existente. Con este fin se lleva a cabo un análisis de los datos de desempleo de larga duración, contemplando indicadores que miden el tiempo de búsqueda de empleo de las personas que no están ocupadas; entendiéndose como más de un año buscando, en el caso del paro de larga duración (PLD) y más de dos años, en el de muy larga duración (PMLD).
En 2019, de media, el PLD alcanzó en España al 45,3 por ciento de las personas en desempleo y el PMLD al 30 por ciento. Partiendo de valores bajos en 2008, los porcentajes fueron aumentando hasta situarse en máximos en los años 2014 (con un PLD del 62,9 por cien) y PMLD del 42,7 por cien, ya inmersa la comunidad en un proceso expansivo. Este hecho nos muestra el retardo que estos indicadores llevan respecto al análisis de coyuntura. Desde esos años, la recuperación de la actividad económica permitió mejorar las tasas, como se puede observar en el caso de Castilla y León, aunque los porcentajes actuales quedan aún muy alejados de los valores de 2008.
El problema del desempleo estructural está lejos de desaparecer en Castilla y León: los últimos datos reflejan 46.100 personas buscando empleo durante más de un año, de las cuales 29.900 llevan más de dos años en esta búsqueda; en este último caso con valores que duplican las cifras de 2008. La experiencia de las crisis pasadas indica que el desempleo se enquista tras una fuerte recesión, en especial entre las personas con más dificultades para acceder a un empleo. Por ello, de no actuar con las medidas de política adecuadas, la tendencia tendrá riesgo de agravarse tras la pandemia.
Es hora de impulsar las políticas activas de empleo
En una situación de crisis como la actual, son las políticas macroeconómicas de estímulos, fiscales y monetarias, las que tienen el protagonismo. Pero, de forma complementaria, las políticas activas de empleo se erigen como los instrumentos más idóneos para reducir la problemática del paro estructural, acercando a las personas en desempleo a una ocupación de calidad.
Sin embargo, en España se parte de una situación frágil, debido a que, en el contexto de las cifras macroeconómicas positivas de la última etapa expansiva, se perdió la oportunidad de potenciar las políticas de empleo. Gran parte del presupuesto durante este periodo no estuvo enfocado al fortalecimiento de la orientación, ni de la formación, sino a subvencionar, de forma ineficiente, la contratación. Diferentes análisis empíricos publicados por la literatura académica, concluyen que los servicios de orientación con itinerarios personalizados y la formación para el empleo son los más eficaces para la lucha contra el paro de larga duración. Ambos deben ser el eje vertebrador de las políticas activas destinadas a combatir el paro estructural.
Por último, hay que puntualizar que las medidas enmarcadas en los esquemas de políticas activas de empleo, aplicadas de forma aislada, son insuficientes para dar respuesta a problemáticas específicas del desempleo estructural. Se requiere un esfuerzo en materia de igualdad en el mercado de trabajo, que elimine las discriminaciones que sufren las personas en el ámbito laboral y también social. Y, por otro lado, son necesarias políticas industriales, sectoriales, territoriales, tecnológicas y de innovación, que fortalezcan el tejido productivo, e impulsen una transición ecológica, social y digital, tan urgentes para el conjunto de la economía y la sociedad tras la llegada de la pandemia COVID-19.
Paralelamente, es preciso mantener una red de protección social que aporte rentas suficientes a aquellas personas que permanecen en situación de desempleo de manera prolongada, no solo por razones de justicia social, sino también de eficiencia económica, para permitir el sostenimiento del consumo agregado y, en consecuencia, la actividad empresarial y el empleo. En este sentido, la última crisis (2008-2013) puso de relieve la inadecuación del sistema de protección por desempleo para hacer frente a las situaciones de falta de empleo prolongadas, que se ceban particularmente con las personas de mayor edad y con los jóvenes. Por ello, es necesario revisar íntegramente los instrumentos y criterios del sistema para que nadie quede desprotegido ante esta eventualidad, bien a través de las prestaciones de carácter contributivo o asistencial.
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