Agentes de la Policía Nacional detuvieron entre el 25 y el 26 de mayo a siete personas en Valladolid por realizar 32 contrataciones fraudulentas para cobrar prestaciones públicas y regularizar extranjeros durante los últimos cinco años. En concreto, se les imputa los delitos contra Hacienda Pública y Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
Fruto de la colaboración con la Tesorería General de Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, se desarrolló una operación policial que ha durado 14 meses. En marzo del año 2021. la investigación se centra en V. J. M. A., abogado y asesor, afincado en Valladolid, quien contaba con la infraestructura de una empresa unipersonal con su propio nombre que le permitía contratar trabajadores de forma aparentemente legal.
El abogado, que contaba con un despacho en la capital dentro de la Asociación de Vecinos de un barrio de la ciudad, llegó a contratar a 32 personas, en un periodo de tiempo de cinco años, la mayoría de ellos sustentados en la limpieza de portales comunitarios o de su propio despacho, si bien fruto de la investigación se ha tenido conocimiento que para esas labores se contaba con empresas externas.
Durante la investigación, según la nota del Cuerpo Nacional de Policía recogida por la Agencia Ical, se encontraron contratos “rocambolescos” para realizar funciones dispares como elaborar felicitaciones de navidad pasadas las fechas navideñas o contratar a una persona para limpiar exclusivamente su vehículo particular careciendo el empleado de carné de conducir, así como la contratación de una persona para limpieza de su oficina, la cual no acudía al puesto de trabajo o no realizaba sus funciones, por lo que contrataba una segunda persona para que desarrollara esas mismas funciones manteniendo el alta en la Seguridad Social de la primera, "ya que le daba pena despedirla".
La mayoría de las altas tramitadas en la Seguridad Social eran de un solo día, y los beneficiarios de estos trámites fraudulentos habían causado baja voluntaria en su empleo anterior, por lo que necesitaban el alta para poder acceder al cobro de prestaciones públicas. También se detectaron supuestos en los que el interés por generar esa relación laboral fraudulenta radicaba en la necesidad de disponer de un contrato de trabajo que garantizara medios de vida para regularizar la situación administrativa de los interesados o familiares.
Anuladas de oficio 28 altas
Los agentes también localizaron múltiples ingresos en efectivo en las cuentas bancarias del principal investigado llegando a figurar ingresos en efectivo a nombre de alguno de sus presuntos ‘trabajadores’ en beneficio de V. J. M. A. para seguidamente esa transferencia ser reembolsada al ‘trabajador’ figurando en concepto nómina mensual. Es decir, el empleado le ingresaba al empresario el importe de su propia nómina en efectivo para que posteriormente éste se la devolviera vía transferencia bancaria descontando su comisión correspondiente. De los 32 trabajadores que llegó a dar de alta en la Seguridad Social, fueron anuladas de oficio 28 y se pudo localizar y detener a seis de los ‘trabajadores’.
Los detenidos -tres hombres y cuatro mujeres, entre 34 y 67 años de edad, de los cuales sólo dos tenían un antecedente por otros hechos delictivos- fueron puestos en libertad tras prestar declaración a la espera de juicio y las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción número Cinco de Valladolid. Las detenciones fueron practicadas por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.
