Dos detenidos en un pueblo de Valladolid por explotar a tres trabajadores irregulares en "semi esclavitud" en un negocio ganadera

Las víctimas estaban en una vivienda insalubre, sin agua ni calefacción y realizaban jornadas de 18 horas de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones

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La autora del robo fue detenida por la Policía Nacional
La autora del robo fue detenida por la Policía Nacional

La Policía Nacional detuvo el pasado 16 de marzo a un matrimonio, ambos de 61 años y sin antecedentes policiales, como presuntos autores un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de amenazas. La operación denominada 'LAMB' se desarrolló en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la operación "LAMB".

Los agentes iniciaron la investigación a mediados de febrero de 2021 fruto de la colaboración con la Seguridad Social, cuando fueron detectados tres trabajadores de una explotación ganadera en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozaban la semi esclavitud, encontrándose en una vivienda insalubre, sin agua caliente ni calefacción, conviviendo con insectos y durmiendo en camas llenas de pulgas. 

Las víctimas realizaban jornadas maratonianas de más de 18 horas diarias, de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni vacaciones por un salario de unos 600 euros al mes. Los presuntos explotadores eran un matrimonio, afincado en una pequeña localidad vallisoletana ubicada en el límite provincial con Zamora. El marido era el titular de la explotación ganadera y la esposa quien controlaba a los trabajadores, impartiendoles órdenes y abonando los salarios. 

Reincidentes

La "contratación" de trabajadores irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidos, constituía un procedimiento habitual en esta pareja, quienes con anterioridad habían sido sancionados hasta en tres ocasiones desde 2012 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, por contratación de extranjeros sin autorización para trabajar y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. 

Las víctimas eran ciudadanos extranjeros irregulares, sin domicilio ni estudios, careciendo de personas de confianza en España, con cargas familiares en sus países de origen, lo que les llevaba a aceptar cualquier circunstancia laboral que les ofrecieran, pese a poner en riesgo su propia salud física y mental. 

La operación fue realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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