Prevención y sanción del fraude de ley y del abuso de la temporalidad y estabilización de interinos, facilitar la excedencia por prestación de servicios en el sector público o límite temporal de ocupación de plaza son las aportaciones más reiteradas al anteproyecto de ley de Función Pública de Castilla y León.
Así se recoge entre las 69 sugerencias planteadas a la norma elaborada por la Consejería de la Presidencia, durante la tramitación en audiencia pública en el Portal del Gobierno Abierto, consultado por Ical. El anteproyecto se encuentra ahora en fase de negociación colectiva, con el objetivo de que llegue a las Cortes antes de finalizar este año, precisó el consejero Ángel Ibáñez.
La Consejería de la Presidencia tiene entre sus compromisos de legislatura la modificación de la actual ley de la Función Pública que data de 2005, antes de que se aprobará en 2007 la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Así, se pretende actualizar artículos o disposiciones que hayan quedado “desfasados” respecto de las novedades recogidas en la norma básica estatal.
Según explicó el consejero de la Presidencia, esta nueva ley crea un marco jurídico “comprensible, ajustado a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y tiene en cuenta las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León”.
Como novedades, detalló que se eliminan cargas administrativas, se avanza en la modernización de la gestión de los recursos humanos, se agilizan los procedimientos, se rebaja el régimen de intervención y se establecen medidas transitorias que garantizan los derechos y el cumplimiento de obligaciones de los empleados públicos.
Igualmente, se desarrolla el compromiso de revisar los puestos que se proveen mediante el sistema de libre designación, con el objeto de reconvertir muchos de ellos en puestos de concurso específico y ordinario.
Precisamente, el abuso de la temporalidad en la función pública de la Comunidad copa las aportaciones en el trámite de audiencia pública, donde se propone que si se ha trabajado más de tres años en el misma consejería no se debería pasar nuevos procesos selectivos, pero la Junta apunta, en su respuesta, a buscar las vías de estabilización en la legislación básica estatal.
A ello se refieren otras propuestas, que se centran en la oportunidad de la reforma planteada, como dijo el consejero en las Cortes, en fase de negociación colectiva, al advertir de que “no es oportuno precipitar” la norma autonómica cuando ésta se debe supeditar a la estatal, en tramitación parlamentaria.
No obstante, la Junta responde que la regulación de sistemas que garanticen la estabilidad en el empleo público son necesarios, si bien insiste en que se debe buscar la estabilización en la normativa básica, así como que corresponde al legislador estatal tipificar las sanciones por posibles abusos en la contratación.
Excedencias
Otra de las reivindicaciones, calificada como “histórica” por parte de los funcionarios de la Comunidad, es que se declare en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público al personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública, salvo que hubiese obtenido la oportuna compatibilidad.
También, se plantea equiparar el requisito temporal para acceder a la excedencia con el del personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dado que se necesitan cinco años para un año como mínimo de excedencia en el caso de los funcionarios cuando en los laborales y la privada se pide un año para cuatro meses de excedencia.
Regular las comisiones de servicio para que se dé publicidad de los puestos vacantes y puedan acceder a ellos los funcionarios que así lo deseen o limitación drástica de las libres designaciones son otras de las aportaciones con más aceptación, aunque también se cuelan las retribuciones, la carrera profesional, el concurso de provisión de puestos de trabajo, la promoción interna, la oferta pública de empleo, el personal eventual o la movilidad de funcionarios de carrera por motivos de salud o acoso laboral.
La nueva ley de Función Pública, como explicó el consejero en las Cortes, tiene como objetivo avanzar, mirar hacia adelante y lograr un modelo propio de organización y gestión autonómica que sean “ejemplo de liderazgo en el resto de España”.
