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En respuesta a la pregunta de UPyD en el pleno, el regidor ha considerado que los argumentos esgrimidos por la decisión judicial “son opinables” y, desde su punto de vista, “no corresponden” a un tribunal.
Es por ello que el Ayuntamiento de Ávila presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anula sexta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ávila, por la que se urbanizó la ampliación de la ciudad hacia Naturávila y que, según el regidor municipal, era consecuencia de ampliar el enclave del centro logístico Cylog en la ciudad para la “consolidación” de Nissan. García Nieto considera que se debe defender la postura hasta el final.
Inseguridad jurídica
Con más detalle, el teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Alberto Plaza, ha hecho un análisis de la sentencia que, ha resumido, “crea inseguridad jurídica para quien debemos seguir gestionando, diseñando y planificando la ciudad”, y ha considerado que las “opiniones vertidas” por el tribunal “cuestiona más la oportunidad que la legalidad”.
“Con todo el respeto a los jueces, como han dicho otros alcaldes, cuando se acude a un tribunal se busca la justicia y la legalidad, pero debe ser a las Administraciones a quien corresponde llevar a cabo el planeamiento de la ciudad, no a los tribunales”.
Plaza ha destacado que lo aprobado es “un planeamiento, una posibilidad a desarrollar, no ahora ni el año que viene, porque eso lo determina el mercado”, en referencia a que la sentencia destaca que no era necesario más suelo urbanizable en el momento en que se aprobó.
También ha insistido en que la decisión judicial resta poder al Ayuntamiento y a la “autonomía local” y a la “gestión municipal”: “nos parece que no casa en nuestro estado de derecho”.
Consultar al juez
La inseguridad jurídica a la que alude se produce, por ejemplo, en que “se puede llegar al absurdo de que si mañana, fruto de la mejora económica se plantea crear un nuevo centro comercial [el proyecto incluía una zona comercial]”, se ha preguntado “¿qué tendríamos que hacer, consultarles a los jueves sobre la ubicación del desarrollo o sobre la ubicación más correcta?”. Y es que aparte de la presentación de un recurso, deben analizarse “las repercusiones sobre quién debe o no planificar”, lo que resulta “muy grave”, dice Plaza.
Junta
“Con todo el respeto y humildad, pero también con la fuerza política que tiene el Ayuntamiento”, hay que mostrar “el desacuerdo con la forma con la que el tribunal dictamina la anulación de la orden de la Junta por la que se aprueba con carácter definitivo la sexta modificación”.
El teniente de alcalde ha subrayado el papel de la Junta como Administración que dio el visto bueno a la modificación. “La Junta es el primer garante del procedimiento urbanístico”, ya que “ha estado a nuestro lado en todo el periplo y ha aprobado la orden”.
Propietarios
Según ha indicado Plaza, son más de 50 los propietarios que tienen terrenos en la zona que se hizo urbanizable, entre los que asegura que recurrieron por “distintos motivos”, algunos por que no estaban de acuerdo con lo que se aprobó, otro por disponer de terrenos al lado que no fueron incluidos -“así de claro lo digo”, en lo que hace referencia a FECOPA-, y otros “por motivos partidistas e interés general”. En este punto ha querido recalcar que el Consistorio “defiende el interés general” frente a “los intereses particulares”.
Conveniente
También ha recordado que tanto Ayuntamiento como Junta creyeron “conveniente, adecuado y legal” promover la modificación del PGOU para ampliar el suelo urbanizable.
Ha recordado que fue en 2006 cuando Nissan planteó un “proyecto de interés regional” para crear el centro logístico, “prioritario para toda la sociedad abulense para el mantenimiento de la empresa” y su conexión ferroviaria en una zona de terrenos privados.
Después de “duras y largas negociaciones” con la empresa Fuentebuena, en las que participaron Junta y Nissan, se obtuvoun convenio urbanístico aprobado por unanimidad de todos los grupos, que luego “se vio truncada a la hora de cumplir los convenios urbanísticos”, cuando en 2010 la empresa instaba a aumentar la edificabilidad de los terrenos cercanos a Naturávila.
Plaza ha recordado que ya en 1986 un prestigioso estudio de arquitectura y varios colectivos apuntaron, al redactar el PGOU a la zona de Naturávila como “una de las zonas de expansión menos perjudiciales medioambientalmente”, al igual que el sur de la ciudad.
Por eso en 2010 sea adoptó tal decisión, accediendo a la pretensión de edificabilidad de otra empresa del mismo propietario -Julio Ortega- que los terrenos donde se levantó el Cylog. Plaza ha señalado que se intentó sin éxito que pudiera ser en otras zonas de la ciudad. Así se desarrolló el acuerdo, descartándose la expropiación de los terrenos: “era el sistema más rápido y eficaz, si hoy se hiciera se haría del mismo modo”.
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