El Gobierno niega una solución al desalojo y derribo de las decenas de casas afectadas por el pantano de Riaño

CHD confirma que no es viable, y descarta, la solución que pedía Burón para 'salvar' 22 viviendas de este pueblo y más en Vegacerneja que se han ocupado durante 30 años a pesar de la expropiación cuando se inundó el valle




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La solución en la que ponía esperanzas el Ayuntamiento de Burón para evitar el desalojo y posterior derribo de las casas afectadas por el pantano de Riaño en esta localidad y en Vegacerneja no es una solución posible. "Se desestima técnicamente", responde literalmente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) respecto a esta alternativa que salvaría las 22 viviendas de Burón y otras más sin cuantificar en Vegacerneja.

Esta solución que no podrá ser consistía en retocar levemente a la baja la cota de seguridad establecida cuando se realizó, hace 30 años, el pantano de Riaño. Esta cota hoy y desde entonces está situada en 1.103 metros de altitud y las construcciones actualmente ocupadas se sitúan muy levemente por debajo. Tan levemente que con bajar esa cota hasta los 1.102,50 metros se 'salvarían'. Pero CHD ha dicho que no, confirman fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Arguyen que no es una negativa caprichosa, sino para evitar peligros muy reales. "El hecho de que nunca se hayan inundado esas casas cuando el pantano está lleno del todo no quiere decir que no pueda ocurrir", explica un portavoz autorizado, que añade que "de hecho, sí que alguna vez el agua ha llegado a los jardines" de algunas de las viviendas que, recuerda, "hace 30 años que no son de su propiedad, sino del Estado".

Además, los técnicos afirman que en un hipotético lleno total del pantano de Riaño, que no sería la primera vez en ocurrir, un simple episodio de ciclogénesis, con fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales, más incluso que la capacidad de desembalsar, harían que "se produjeran olas de entre 2 y 3 metros, no es descabellado, ha ocurrido". Y ante esta situación nada se puede hacer, salvo poder las vidas humanas por encima de cualquier otra consideración.

"No son lugares para vivir, por eso en su día se expropiaron", insisten las mismas fuentes de la Confederación, "es peligroso residir junto a una lámina de agua de 2.000 hectáreas".

Con esta postura, se atisba más difícil una solución. Y mientras, CHD continúa tachando los días del mes de plazo que dio la pasada semana a los inquilinos ilegales de estas viviendas en Burón para abandonarlas, ante el estupor de las familias afectadas y del propio alcalde, Porfirio Díez. "Nadie entendería que no hubiera al final una solución razonable para todos", insiste el regidor. Aunque su alternativa ya recibe un rotundo "no".

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