Un informe elaborado por peritos judiciales sobre seguridad de los agentes medioambientales, encargado por CSIF, evidencia las “tremendas deficiencias y falta de recursos” con las que ejercen su trabajo los agentes medioambientales y forestales. El informe, denominado ‘Estudio de viabilidad para la dotación de medios para el empleo de la fuerza y formación al Cuerpo de Agentes Medioambientales y Forestales’, se entregó en junio a la Junta, “y después de cinco meses desde la última reunión, la administración regional no ha vuelto a convocar al grupo de trabajo”, lamenta CSIF.
“En los últimos años, los agentes medioambientales de Castilla y León estamos sufriendo el más absoluto abandono, por parte de la Junta, a la que exigimos una y otra vez medidas encaminadas a garantizar nuestra seguridad personal, y a contar con un operativo anti-incendios mínimamente suficiente”, señala Marcelino Arribas, agente medioambiental y delegado sindical de CSIF, que junto con otro compañero, y el responsable del sector de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, han ofrecido este jueves una rueda de prensa.
“Por desgracia, las amenazas y las agresiones a los agentes medioambientales continúan, como la sufrida el pasado primero de octubre un agente de Valladolid, al que intentaron apuñalar, mientras realizaba su servicio en solitario, y sin ningún medio de defensa o protección”, explica Arribas. “Esto se tiene que acabar, la inseguridad que sufrimos es insoportable, ante la vergonzosa dejadez de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente”. “Es tan clamorosa nuestra demanda de medidas de seguridad, que hasta la Federación de Caza de Castilla y León ha solicitado a la Junta medidas para proteger a ‘sus agentes medioambientales”, añade.
CSIF recuerda que los agentes medioambientales que son un cuerpo de policía judicial, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley de montes nacional, y que, por tanto, pueden portar arma reglamentaria -que la Junta retiró en el año 2013- como elemento de protección y disuasión, ante los numerosos y peligrosos incidentes a los que se tienen que enfrentar, para hacer cumplir las leyes medioambientales que le competen.
Por otra parte, los delegados de los agentes medioambientales de CSIF lamentan que después de esperar “demasiado tiempo la adquisición de vehículos necesarios para desarrollar nuestro trabajo, nos encontramos con que la Junta ha contratado, por renting, a través de una licitación de cerca de 9 millones de euros, una flota de 500 todoterrenos, que en su gran mayoría son inútiles e inadecuados para nuestras necesidades. Apenas caben dos agentes por su pequeño tamaño, y el maletero no tiene capacidad ni para guardar el equipamiento habitual que llevamos”.
A su vez, Mariano Prieto, ha denunciado la situación de los operativos anti incendios, reclamando una vez más la existencia de un operativo permanente, que ahora no existe. Recuerda que unas 250 plazas de agentes medioambientales están vacantes en la Comunidad; y reivindica la creación de la figura del bombero forestal, que ya está reconocido en diversas comunidades de España. Con el fin de que se reconozca esta figura del bombero forestal, el responsable del sector de Administración General de la Junta de CSIF ha anunciado que el sindicato independiente va a denunciar el convenio laboral de laborales de la Junta, con el fin de que se incluya esta categoría de bombero forestal.
