Izquierda Unida se suma a la campaña contra la ampliación de la Directiva Europea de Servicios a los gobiernos locales

Considera el intento de la Comisión Europea antidemocrático por ser una injerencia en la independencia de los gobiernos locales y una norma perjudicial para la mediana y pequeña economía

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El pasado sábado Izquierda Unida Castilla y León aprobó presentar en las Cortes una moción exigiendo, al Gobierno de la Junta, que defienda los intereses y la independencia democrática de los gobiernos locales y autonómicos y se oponga al último intento de la Comisión Europea por controlarlos.

La Comisión Europea (CE) quiere modificar la Directiva de Servicios, más conocida como Directiva Bolkestein, para poder aplicarla a los gobiernos autonómicos y locales.

José Luis Sánchez, concejal de Economía y Hacienda en Miranda de Azán, considera que “de aprobarse esta modificación, la Comisión Europea dirigiría la política regional y local según los criterios que le marcasen los lobbies de las grandes multinacionales. Todos los ayuntamientos y diputaciones, tendrán que enviar los proyectos de medidas reguladoras que afecten a la prestación de servicios con al menos tres meses antes de someterse a aprobación, para ser revisados por la CE que tendrá capacidad de modificación o veto, parcial o total.” En ese tiempo, explica Sánchez, “las empresas del sector podrán realizar sugerencias que se tendrán en consideración,” como recoge el texto de la reforma.

La directiva entró en vigor en 2009 tras limitar su contenido original debido a las protestas y la fuerte movilización social que llevaron a cabo sindicatos, partidos de izquierdas y los verdes; pues, pretendía aplicar el “Principio del País de Origen” es decir, que la empresa se rigiese por la legislación de su país de origen y no por la del país anfitrión, provocando una devaluación de derechos sociales y, sobre todo, laborales. Finalmente, quedaron fuera de ese principio temas como el SMI, normas relativas a la salud, higiene, seguridad e igualdad, pero sí se aplica en lo referente al derecho de huelga, contratación y despidos y la contribución a la Seguridad Social.

Ángel Tejada, coordinador de la Asamblea Comarcal de IU Peñaranda, aclara que la modificación de la Directiva afecta a áreas como la planificación de ciudades, turismo, suministros de energía, agua, gas, gestión de residuos, viviendas, etc.

“Esta Directiva ya ha causado problemas en Ámsterdam, por ejemplo, cuando quiso proteger el derecho a la vivienda y el alquiler frente a empresas como AirB&B y es uno de los obstáculos que el gobierno español está encontrado para regularlo. En Suecia, donde no hay salario mínimo fijado por ley, empresas de construcción letonas están pagando el salario de su país de origen” subrayó Ángel Tejada.

Izquierda Unida recuerda que estos ataques a la democracia y al bienestar de la ciudadanía vienen de lejos. En 1998, las fuertes protestas internacionales, consiguieron bloquear las negociaciones para aprobar el “Acuerdo Multilateral de Inversiones” que pretendía dotar a las multinacionales de más derechos y menos deberes cuando invirtiesen en el extranjero. Recientemente se consiguió frenar el TTIP y ahora es el momento de parar este nuevo abuso.

Por eso, Izquierda Unida Salamanca presentará mociones allí donde tenga representación para que las instituciones se adhieran a la iniciativa europea que pide su rechazo, así como anima a las formaciones políticas con las que mantiene buenas relaciones, a sumarse si lo consideran oportuno.

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