Con el paso dado hoy, se crea el registro de entidades de la Red y se establece quiénes serán los agentes implicados. Así, formarán parte de este engranaje las administraciones y entidades públicas responsables de los recursos de la Red, las entidades privadas que reciban financiación directa o indirecta de la Administración autonómica para desarrollar la Red y aquellas que firmen conciertos, convenios y contratos en este ámbito. También están invitadas a participar en este dispositivo entidades colaboradoras. Todas aquellas entidades que reciban financiación por parte de la Junta de Castilla y León para desarrollar programas de la Red estarán sometidas a estas directrices de funcionamiento y podrán utilizar el logotipo acreditativo.
Los agentes de la Red contarán con unos modelos, criterios de valoración, metodología, prestaciones e información homogéneos para toda la Comunidad, a través de 10 protocolos y guías de actuación consensuadas, que servirán para armonizar los procedimientos y las actuaciones. Todos intercambiarán información para que cada caso sea conocido por cuantos agentes deban de intervenir. Para ello, compartirán una misma plataforma de información, alojada en el entorno web profesional de la Junta de Castilla y León, para lo que será necesario proceder a una adecuada interconexión entre sus respectivos sistemas de datos.
Se regula, además, la figura del profesional de referencia, correspondiente a los equipos de acción social (CEAS). Será el encargado de guiar en todo momento a las familias más necesitadas por el conjunto de prestaciones y servicios que puedan recibir, de forma simultánea o sucesiva.
Su proximidad con la familia le permitirá elaborar un proyecto individualizado de atención, que será un instrumento de intervención única para dar cobertura a las necesidades básicas. En él se determinarán qué recursos y actuaciones precisa la familia en cada momento y qué agente o agentes deberán intervenir. Además, se abren nuevas puertas de entrada al sistema de Servicios Sociales. Y es que cualquiera de estos agentes facilitará el acceso a la Red y, por ende, garantizará la entrada al sistema de Servicios Sociales. Ellos ofrecerán una acogida personalizada y profesional, facilitarán información y orientación sobre el conjunto de prestaciones y recursos, y canalizarán la demanda de la familia.
Las directrices regulan, asimismo, la figura del Comisionado para la Red, que recaerá en el gerente de Servicios Sociales. Asumirá la responsabilidad de coordinar la Red y, por tanto, a todos los agentes implicados, tanto en el ámbito regional como provincial. Junto a esto, tendrá la capacidad para incorporar nuevos programas a una Red que nace con una vocación abierta para dar respuesta a necesidades cambiantes.
Todo esto permitirá que la Red opere como una maquinaria donde todas las piezas (agentes públicos y privados, recursos, prestaciones y servicios) formen un engranaje para lograr que cualquier familia castellana y leonesa que se encuentre en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social cuente con las mismas oportunidades para tratar de lograr su inclusión social, personal y laboral, con independencia de a qué entidad pública o privada llame pidiendo ayuda.
Este nuevo modelo de trabajo no sólo garantizará que las familias necesitadas cuenten con una respuesta planificada, individualizada, unificada, integral y profesionalizada, sino también ágil, ya que con la aprobación de las directrices de funcionamiento de la Red se podrán acortar los plazos de respuesta.
Mapa de recursos de la Red
Las directrices de funcionamiento definen el mapa de recursos de la Red, tanto públicos como privados, para conocer de forma explícita su titularidad y ámbito territorial de actuación. Aunque la Red es permeable y abierta a nuevas respuestas, nace con 23 recursos distribuidos en cinco tipos, en función de las necesidades que tratan de cubrir.
En primer lugar, las familias más necesitadas tendrán a su alcance recursos orientados a atender las necesidades de información sobre los derechos y prestaciones de la Red, de orientación laboral a personas desempleadas, y de valoración y planificación del caso.
Una vez que la familia es informada, orientada y valoradas sus necesidades, llega el momento de dispensarle el recurso que necesita para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. En este apartado se engloban nueve prestaciones: la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social, el servicio de entrega de alimentos para garantizar una alimentación básica o el trabajo de la Red Centinela para alertar en situaciones de desnutrición infantil.
La alimentación es prioritaria, como también lo es que ninguna familia pierda su vivienda. Así, la Red cuenta con el Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria o alojamientos alternativos o de emergencia social, así como otras medidas en materia de viviendas dirigidas a favorecer su acceso. Y, junto a esto, la inclusión en el Programa personal de Integración y Empleo (PIE).
El tercer apartado se refiere a los recursos dirigidos a aumentar las capacidades personales y familiares para mejorar su autonomía, su inclusión social y la participación en la vida comunitaria. La Red habilita así tres recursos de apoyo técnico para dotarles de herramientas que les permita superar sus carencias.
Y como la mejor fórmula para la inclusión social es la integración laboral, la Red dispone de tres programas relacionados con el acceso al empleo: programas de formación para el empleo dirigido a que trabajadores desempleados y ocupados mejoren su capacitación profesional; ayudas económicas para impulsar el autoempleo, y fomento de los contratos de inserción en empresas o centros especiales de empleo.
La Red se completa con otros cinco recursos adicionales, como son el Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ayudas económicas dirigidas a la realización de contratos indefinidos, transformaciones de contratos temporales en indefinidos o la contratación del primer trabajador por parte de pequeños emprendedores. Y, al mismo tiempo, medidas dirigidas a implicar a las empresas y entidades en el fomento de la igualdad e integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión. Se completan con la incorporación de cláusulas sociales en la contratación de las administraciones públicas o el reconocimiento al compromiso social de las empresas.
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