El enredo político sobre los presuntos 'intrusos' en el sector minero, desvelados por El País es una investigación, sigue su curso tras conocerser la existencia de un informe, fechado en 2009, que alertaba de la presencia de cotizantes no mineros en los listados de prejubilaciones de la empresa Alto Bierzo, por aquel entonces propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio e Insdustria de León.

Según un portavoz de la consejería de Economía de la Junta se está analizando el informe con los servicios jurídicos para evaluar si se eleva a alguna instancia con competencias en la materia. Así, la Junta evalúa ahora si el informe, realizado en la sección de Minas del Bierzo, es susceptible de elevarse a la Seguridad Social o al Ministerio de Industria para que investiguen su efectivamente se ha podido producir un fraude en las cotizaciones en el régimen especial de la minería, reservado para los que realicen estos trabajos con especial penosidad.

Lo que sí han señalado desde la consejería de Economía a este periódico es que la dirección general de Energía y Minas de la Junta desconocía hasta la fecha la existencia de este informe, que fue localizado a raíz de su publicación por El País y al que se le dio este lunes fecha de entrada en la Dirección General. El informe no tiene según Economía ningún sello de entrada y registro por lo que explican estaba en la Delegación Territorial de la Junta en León, de donde depende la sección de Minas, aludiendo por ello a que no podían actuar ante algo que desconocían que existiera.

Esta versión pone en la picota al presidente del PP provincial, Eduardo Fernández, ya que era él en 2009 quien ostentaba el cargo de Delegado Territorial de la Junta en León, y por tanto máximo responsable. También cuestiona al actual Delegado, Guillermo García, que lleva desde 2011 en el cargo sin tampoco haber hecho nada con el informe. Fuentes de la Delegación Territorial explicaron a este periódico que a raíz de las informaciones de El País buscaron el informe y lo han remitido a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, tal y como solicitaron.

La versión ofrecida desde Valladolid dejaría libre de sospecha de actuación al leonés Ricardo González Mantero, director general de Energía y Minas de la Junta desde 2007. La mujer de González Mantero fue desde 2005 y hasta el 2013 empleada de una empresa de Manuel Lamelas Viloria, propietario entonces de la sociedad a la que el informe alude como lugar donde podía haber posibles 'intrusos'. Tanto Eduardo Fernández como Ricardo González Mantero habían negado a El País conocer el polémico informe.

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