La Consejería de Economía y Hacienda autorizó la puesta en circulación de una o varias emisiones de deuda de la Comunidad por importe de 1.4641,6 millones de euros, que se desgranarán por las cantidades nominales que “resulten aconsejables en función de la posición financiera” y de las condiciones generales de los mercados, y siempre “supeditado a las preceptivas autorizaciones del Estado que procedan”, según la orden publicada este martes por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
El Gobierno autonómico toma esta decisión como consecuencia de que el Consejo de Ministros del 30 de enero autorizara a la Comunidad a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en préstamos como en emisiones de deuda, por importe máximo de 1.563,5 millones de euros.
Entre las características de las emisiones de deuda, deberán tener la modalidad: de bonos u obligaciones, siempre en euros y mediante subasta competitiva, emisión pública asegurada o no asegurada, colocación privada, así como a través de cualquier otra fórmula disponible en el mercado.
La Consejería que dirige Carlos Fernández Carriedo establece importes mínimos de 10 millones de euros de cada referencia, con un mínimo nominal de los valores de mil euros y un plazo máximo de hasta 50 años, desde la fecha de emisión. La amortización se desarrollará a la par por el valor nominal en la fecha de vencimiento.
Según la orden, el tipo de interés nominal será fijo o variable (vinculado a índices de tipos de interés, inflación u otras referencias económica-financieras observables en el mercado). Su determinación, así como la fijación de sus fechas de pago, se efectuará de común acuerdo entre la Consejería y las entidades directoras de cada emisión.
El precio de emisión se expresará en términos de porcentaje por el procedimiento de conversión de las Tasas Internas de Rendimiento (TIR) en precios, con calificación de segregables.
El pago de los intereses y reembolso de la deuda emitida se realizarán de conformidad con los mecanismos establecidos en el convenio de colaboración firmado entre el Banco de España y la Comunidad Autónoma el 14 de noviembre de 2005, mediante el cual el primero se obliga a prestar el servicio financiero de la deuda de Castilla y León.
