La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid han acordado suscribir un protocolo de colaboración para facilitar la práctica y la comercialización, de manera conjunta e interconexionada, del bingo electrónico en las salas de juego de ambas comunidades. Este convenio firmado no afecta al ejercicio de las competencias exclusivas de cada autonomía, ya que cada una de ellas se responsabiliza de la inspección y sanción de las conductas que se pudieran cometer en el territorio de su respectiva Comunidad. En relación con la gestión y recaudación de la tasa fiscal que grava este tipo de juegos, se realizará por cada Comunidad, de acuerdo a lo estipulado en las respectivas normas.
 
Castilla y León ha sido pionera en la puesta en marcha de la modalidad del bingo electrónico –lo hizo a principios del año 2011- y ha permitido a las 21 salas de bingo establecidas en la Comunidad el desarrollo de este juego en una partida única unificada y conjuntamente, como si fuera una sola sala. Por ello, el objetivo planteado por la Consejería de la Presidencia en este momento es dotar al bingo electrónico de un mayor volumen de juego incorporando salas de otras comunidades mediante la colaboración interadministrativa con otras autonomías a través de la firma de protocolos.
 
Con este convenio firmado hoy con la Comunidad de Madrid, se han suscrito un total de cuatro protocolos de colaboración interadministrativa con autonomías: el 7 de febrero de 2013 con Aragón, el 4 de abril de 2013 con Castilla-La Mancha y el 4 de junio de 2013 con el País Vasco. La firma de estos protocolos ha supuesto un incremento en las cantidades jugadas en Castilla y León, lo que se traduce en un aumento del 27 % de importes jugados si se comparan las cifras obtenidas hasta ahora en el año 2013 con las cifras del mismo periodo de 2012; esto ha significado que la nueva modalidad de bingo electrónico ha sido un factor dinamizador muy importante para la economía.
 
Las políticas públicas que aplica la Junta de Castilla y León en materia de juego están guiadas siempre por dos principios esenciales: en primer lugar, la protección de los consumidores y usuarios que practican los juegos y apuestas, y muy especialmente evitar su posible incidencia negativa sobre los menores y sobre personas que planteen una problemática especial; en segundo lugar, la normalización en la visión social del empresariado que actúa en los diversos sectores de juego -máquinas, salones, bingos y casinos-, y la certeza empresarial en las decisiones administrativas, ya que son empresarios que arriesgan su capital, aportan importantes tributos a la Comunidad cercanos a los 70 millones de euros, que contribuyen a financiar entre otros los servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales y mantienen y generan en torno a 2.000 trabajadores directos en sus empresas de Castilla y León.
 
En el sector del juego del bingo, Castilla y León cuenta actualmente con 21 salas de bingos establecidas en toda la Comunidad; en ellos trabajan alrededor de 350 personas y suponen unos ingresos en tributos de 11 millones de euros al año.
 
Dada la actual situación económica y siendo conscientes de que la disminución de gastos en la economía doméstica repercute directamente en los ingresos de este tipo de juegos, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una serie de medidas para el mantenimiento del sector del juego del bingo: se ha aprobado un nuevo reglamento regulador del juego del bingo, en el que se contemplan nuevas modalidades, asociadas a las nuevas tecnologías, y donde se recoge una importante simplificación de procedimientos y trámites en la gestión administrativa que afectan a los usuarios.
 
Fundación del Juego Privado de Bingos
 
Finalmente, es importante destacar el compromiso social que han asumido los bingos de Castilla y León con los ciudadanos de la Comunidad, que se ha manifestado en la constitución de la Fundación del Juego Privado de Bingos, y que en los próximos meses tiene previsto acometer una importante inversión de alrededor de 130.000 euros destinados a la adquisición de diversos vehículos y furgonetas adaptados, que serán cedidos gratuitamente a entidades benéficas sin ánimo de lucro de las nueve provincias de Castilla y León.

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