La Junta destina 177 millones para terapia respiratoria domiciliaria y otras técnicas de ventilación asistida

 La Junta destina 177 millones para terapia respiratoria domiciliaria y otras técnicas de ventilación asistida
La Junta destina 177 millones para terapia respiratoria domiciliaria y otras técnicas de ventilación asistida
Existen ciertos procesos que, en determinadas situaciones clínicas, requieren para su tratamiento del uso de técnicas de terapia respiratoria. La aplicación de gran parte de estos tratamientos se desarrolla en el medio hospitalario, pero en ocasiones puede efectuarse en el propio domicilio del paciente, siempre y cuando concurran determinadas circunstancias y requisitos, evitando así hospitalizaciones innecesarias. Son la oxigenoterapia crónica, usada para la administración de oxígeno en el domicilio a pacientes con insuficiencia respiratoria crónica; la ventilación mecánica, para el tratamiento domiciliario de la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes que requieren soporte ventilatorio parcial o total; el tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño -suministro de aire durante el sueño a presión continua positiva prefijada-; y la aerosolterapia, destinada a la administración de fármacos por vía inhalatoria mediante el uso de aerosoles.
 
A todas ellas hay que añadir por primera vez nuevas prestaciones para los pacientes de Castilla y León como son el asistente de tos -dispositivo que simula una tos natural y ayuda a los pacientes a limpiar las secreciones broncopulmonares- y el aerosol electrónico de membrana vibrante, utilizado para mejorar el tratamiento mediante nebulizador y aumentar así los efectos de la medicación.
 
La Gerencia Regional de Salud destina actualmente a estas terapias un importe aproximado de 22 millones de euros anuales, con los que se atiende a un número de pacientes en continuo aumento y que en la actualidad se sitúa en torno a 34.000.
A estos 177 millones hay que sumarle los 22.345.475 euros aprobados el año pasado para el suministro de gases medicinales de uso hospitalario –para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas graves, anestesias, equipos de diagnóstico, conservación o transporte de órganos, tejidos o células, etcétera-.
 
Además hay que añadir otros 329.873 euros aprobados también el año pasado para el suministro de oxígeno medicinal en botella para todas las gerencias de Atención Primaria de Sacyl, empleado para la corrección de la falta de oxígeno de distintos orígenes que precisan la administración de oxígeno a presión normal o elevada y la administración mediante nebulizador de medicamentos por inhalación.
 
Subasta electrónica
 
Hay que destacar que, bajo el amparo de la previsión ahora contenida en el artículo 148 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la adjudicación de este contrato se llevará a cabo una subasta electrónica, de modo que, tal y como se describe en los pliegos, tras una primera valoración de las ofertas en las que se evaluarán aspectos no puramente económicos como las características ofertadas del servicio o la disponibilidad de equipos, se convocará a las empresas admitidas en el procedimiento al acto de la subasta, en la que mediante un dispositivo electrónico se permitirá la presentación de forma telemática de mejoras en los precios y la clasificación de las ofertas a través de métodos de evaluación automáticos. 
En el momento de la apertura de la subasta cada licitador conocerá ya la puntuación obtenida por todos ellos en el resto de criterios, puntuación que se incorporará a la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios que se presenten, de modo que podrá conocer en todo momento cuál es el precio, siempre más bajo que el anterior, que deberá ofertar para resultar adjudicatario.
 
Con este sistema se pretende mejorar la transparencia en el procedimiento de contratación: los licitadores, a través de la plataforma a la que acceden mediante DNI electrónico o certificado digital, conocen en tiempo real toda la información sobre el proceso que se está desarrollando y las ofertas que se están presentando. También se busca fomentar la competitividad entre empresas gracias a una negociación dinámica, en la que los licitadores podrán realizar un número indefinido de ofertas, siempre a la baja, frente al sistema tradicional en la que sólo pueden realizar una oferta escrita en sobre cerrado. Y además, se logran reducir las cargas administrativas y los costes de gestión, tanto para la Administración como para las empresas licitadoras.
En definitiva, y gracias precisamente a la mayor trasparencia y mayor competitividad, se pretende conseguir una reducción de los precios de adjudicación manteniendo los niveles de calidad del servicio. En concreto, se estima poder alcanzar una reducción de los precios respecto los precios de licitación, precios ya minorados respecto los actualmente vigentes, de entre el 5 al 10 %, lo que supondrá la posibilidad de destinar durante los próximos 8 años a otros fines asistenciales un importe de entre 9 y 18 millones de euros.
 

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