El Acuerdo Marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de Servicios Sociales es la herramienta de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las corporaciones locales para la financiación de las políticas y prestaciones de carácter social, que garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención y protección de las personas más vulnerables.
El 5 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión de un conjunto de subvenciones por un importe global de 448 millones de euros –para su distribución en las anualidades de 2020, 2021, 2022 y 2023–, dirigidas a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para hacer frente a los gastos derivados de los programas y actividades en materia social desarrollados por estas entidades dentro del Acuerdo Marco.
Desde entonces, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha ido aprobando sucesivos incrementos anuales en la financiación a las corporaciones locales –tanto a través del Acuerdo Marco, como de fondos extraordinarios COVID– para el mantenimiento de la red coordinada de Servicios Sociales que prestan las corporaciones locales, así como, de forma coyuntural y extraordinaria, para atender las necesidades emergentes derivadas de la emergencia sanitaria.
Así, estos incrementos de financiación durante el presente Acuerdo Marco 2020-2023 han permitido reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y asegurar los cuidados y la seguridad de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia; para atender necesidades básicas de subsistencia de las familias (suministros energéticos, alimentación. vestido, etc.) y garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares durante la pandemia; para incrementar la plantilla de profesionales de los Centros de Acción Social -CEAS-, o para mejorar los programas y servicios de conciliación, entre otros.
Ahora, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado una inyección adicional de 16.056.052 euros sobre los 158.668.749 presupuestados para 2023, último año del Acuerdo, destinado, fundamentalmente, a reforzar los gastos originados por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y a consolidar el personal que presta sus servicios en los 189 Centros de Acción Social (CEAS) y en los equipos profesionales de segundo nivel de las Corporaciones Locales.
En total, la financiación para las entidades locales a través del Acuerdo Marco tras las modificaciones realizadas, incluida la adenda de 16,1 millones de euros aprobada en el Consejo de Gobierno de hoy, asciende a más de 595 millones de euros, lo que supone un incremento, desde 2020, de más de 147 millones.
Finalidad del incremento de las cuantías
La aprobación de esta nueva adenda tiene la finalidad de actualizar la financiación de los profesionales de los equipos técnicos de los servicios sociales, tanto básicos como especializados específicos de segundo nivel y apoyo a las labores de coordinación de los servicios centrales en las entidades locales con competencias en servicios sociales.
Además, se incorporan dos nuevas líneas de financiación en materia de igualdad: una dirigida a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y otra destinada a sufragar al personal técnico de igualdad, uno por entidad local.
No obstante, el mayor importe del incremento de la financiación de esta nueva adenda, por valor de 11 millones de euros, se destina a incrementar la financiación del servicio de Ayuda a Domicilio para la ampliación de la cobertura del servicio y llegar a un mayor número de usuarios, acabar con las listas de espera y aumentar la intensidad horaria.
Con esta adenda también se da respuesta a la extensión territorial del Programa ‘Crecemos’, que incorpora seis nuevos centros con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral en el medio rural. También se incrementan las ayudas económicas de emergencia y de los servicios destinados a personas con discapacidad −atención residencial, vivienda o centros de día−, como así también el Programa de prevención de la dependencia de la población infantil de 0 a 6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla.
Por último, se llevan a cabo los ajustes necesarios de los importes de cofinanciación de los servicios de atención a personas mayores dependientes tanto en residencias como en centros de día, de acuerdo con la ocupación efectiva de plazas durante el ejercicio anterior.
